El colectivo Calle Viva, nacido contra la turistificación en Cádiz (alertando de las consecuencias de un modelo turístico irracional y depredador), ha mantenido recientemente una reunión con el Ayuntamiento. Un encuentro con el primer teniente de alcalde, Martín Vila, en todo momento con “un ambiente cordial y amable” pero, se añade, “aunque entendemos que el momento político es de incertidumbre, la impresión general fue desilusionante”.
En concreto, dicho colectivo expuso al representante del Gobierno local de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común su preocupación sobre tres cuestiones particulares. Por un lado, la falta de legislación y regulación en las viviendas de fin turístico (VFT), “un problema que está provocado un éxodo de gaditanos a ciudades colindantes debido a la precariedad en la oferta de alquiler en Cádiz. Un problema endémico agravado por la regulación inocua de la Junta de Andalucía”.
Además, se abordó la especulación con la vivienda. En Calle Viva se defiende la vivienda “como derecho social de todo ciudadano. Creemos en una ciudad que pueda recuperar a sus exiliados por la falta de viviendas de alquiler, una ciudad en la que sus ciudadanos puedan proyectar un futuro con un horizonte de estabilidad lejos de los caprichos del mercado y sus mercaderes. Una ciudad, en definitiva, que conjugue turismo y vecindad de una manera sostenible y efectiva”.
Y también estuvo sobre la mesa la reclamación de competencias en materia legislativa sobre vivienda turística por parte del Ayuntamiento, “ante la falta de implicación de otras administraciones en la defensa del derecho a la vivienda”.
RESPUESTA DESILUSIONANTE
Calle Viva expone que Vila les trasladó en este encuentro que un gobierno en minoría como el actual “no tiene la capacidad de maniobra para reclamar competencia alguna en materia de vivienda”, por lo que “las VFT seguirán creciendo descontroladamente como viene siendo habitual en los últimos años, por no decir semanas”, se queja este colectivo en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
A día de hoy la cifra asciende a 994 viviendas de fin turístico en la capital, lo que supone un 7,5% del total de la ciudad. En diciembre de 2016 estaban censadas 206 VFT.
A pesar del problema que ello supone a los vecinos, este colectivo cuestiona que este concejal izquierdista “ha decidido que apoyarse, principalmente, en las empresas que gestionan VFT, es la vía más adecuada para abocetar un sistema que controle y regule su crecimiento”. Ante esa postura, “lamentablemente continuista con la especulación”, Calle Viva se mantiene firme en su reclamación de la vivienda como derecho social y avanza que solicitará una reunión con otros concejales del mismo equipo de Gobierno “para ver si esta es o no la posición oficial del mismo”.
El colectivo insiste en reclamar una ordenanza municipal que regule las VFT en firme y que acote la finalidad lucrativa y especulativa de la vivienda para que puedan formar parte de la oferta general de alquiler de renta anual.
En los últimos días, para alertar de este problema a pie de calle, ha llevado a cabo una pequeña campaña: ha señalizado en la acera pisos de fines turísticos en las calles Cervantes, Torres y Rosario.
