Por más recursos para la atención primaria, por condiciones dignas para los profesionales, y contra la desviación de dinero público a la sanidad privada. Son varias de las exigencias que han movilizado en toda Andalucía a cientos de personas, secundando la convocatoria de las mareas blancas. Mientras, la Junta del PP defiende su inversión “histórica”.
“Entre 2018 y 2022 se ha invertido en la sanidad de la provincia de Cádiz más que nunca, se ha incorporado a más de 3.500 profesionales y ha habido una profunda renovación de infraestructuras”. Es el mantra con el que la Junta de Andalucía y el PP tratan en los últimos días de defenderse ante la temida movilización de este sábado 26-N convocada por la Marea Blanca Gaditana, en paralelo a protestas similares en el resto de provincias andaluzas (impulsadas por la coordinadora andaluza de mareas blancas).
Y es que la realidad a pie de calle contrasta con los fríos números, la propaganda en medios subvencionados y declaraciones irritantes como las de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, jactándose de que la lista de espera en atención primaria “es de 3,1 días de media”, cuando cualquier usuario que trata de pedir cita con su médico de familia se desespera viendo que ese plazo ronda salvo muy contadas excepciones un mínimo de diez días, una demora que, por mucha inversión y muchos médicos que se ‘vendan’, era impensable años atrás, antes de la llegada de la derecha al Ejecutivo andaluz.
En la capital gaditana, la protesta “en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad y contra las privatizaciones” ha congregado a alrededor de medio millar de personas en la plaza de San Juan de Dios (a nivel provincial también se ha llevado a cabo otro acto en Algeciras). Los convocantes -arropados por el Gobierno gaditano, partidos como PSOE, Podemos, Adelante Andalucía o Izquierda Unida, sindicatos como CCOO y UGT, y diferentes colectivos y asociaciones; miembros de la coordinadora en defensa de la sanidad pública de la provincia- entienden que el Gobierno de Moreno Bonilla “no soluciona el deterioro continuado de la sanidad pública”, ya que, pese a disponer este año de recursos europeos extra en su presupuesto, “pretende seguir usando el dinero que hace falta para reponer plantillas y recursos de salud pública en derivaciones al sector privado”.
De este modo, entre los motivos de la convocatoria lanzada por la Marea Blanca están que “no podemos esperar más de 72 horas para ver a nuestro médico; no podemos esperar meses, incluso años, para una cita en el hospital; no pueden obligarnos a que nos atiendan en un centro privado mientras hay centros públicos infrautilizados, como San Carlos o el HARE de la Janda; porque hacen falta profesionales para que la sanidad pública funcione al cien por cien; porque no faltan médicos, se marchan fuera porque los maltratan con contratos indignos; porque los programas de prevención están ralentizados o desaparecidos; porque no pueden seguir cerrando salas de hospitalización para, en teoría, hacer reformas y que a fecha de hoy aún no hayan finalizado, como ocurre en el Hospital Punta Europa de Algeciras; o porque la Salud Mental es igual de importante y necesaria que el resto”;
Pero además, “porque el tiempo que se tarda en diagnosticar una enfermedad puede suponer grandes secuelas, incluso vida o muerte; porque cuando no tengamos sanidad pública, nuestra salud dependerá de una cuenta corriente”. “La salud es un derecho, no el negocio de unos cuantos”, se insiste.
EXIGENCIAS
En la movilización a nivel andaluz bajo el lema ‘#26NporTuSalud’ se exige, entre otras cuestiones, “la estabilización de los 12.000 falsos contratos Covid, que son plantilla”, así como 4.000 contratos nuevos estables en atención primaria para atención presencial en 48 horas, 12 minutos por paciente, urgencia rural y atención comunitaria preventiva.
Igualmente, se reclaman 4.000 contratos nuevos estables en hospitales para mantener abiertos por la tarde una veintena de centros andaluces en funciones necesarias para afrontar las “insoportables listas de espera”. Y se exige la construcción y dotación de centros públicos necesarios u obsoletos, así como una dotación adecuada para los servicios de Salud Mental y Salud Pública, además del aumento del personal de cuidados y sanitario en las residencias de mayores.
De la misma forma, se demanda también que los profesionales sanitarios estén “adecuadamente” retribuidos, para que “ni un solo profesional formado en Andalucía tenga que emigrar por falta de una oferta de trabajo necesario y decente”.
Entre otras cuestiones, con la protesta se dice “no a nuevas privatizaciones” y se pide revertir las existentes, reivindicando que no se produzca “ni un solo caso de mortalidad evitable debido a recortes y privatizaciones”.
“MORENO BONILLA SIGUE LA MISMA HOJA DE RUTA QUE AYUSO”
Las razones para apoyar esta concentración son múltiples, en opinión del secretario general del PSOE de Cádiz y presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, que asegura que “en realidad tienen el rostro de todas aquellas personas que sienten que la sanidad pública les ha fallado o les está fallando, que no es la de siempre, que no puede confiar ya en el sistema de salud público y tendrían que tirar de la cartera”.
Para Ruiz Boix, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, “sigue la misma hoja de ruta que Ayuso; Andalucía se encuentra en la antesala de una crisis sanitaria de grandes dimensiones como la de Madrid que nos lleva al desmantelamiento de la sanidad pública”. Y afea que “Moreno Bonilla hable de problemas anecdóticos, pero ¿cuántas anécdotas tienen que producirse en la provincia de Cádiz para que desde la Junta actúen y corrijan todas las carencias?”.
“¿cuántas anécdotas tienen que producirse en la provincia de Cádiz para que desde la Junta actúen y corrijan todas las carencias?”
Por su parte, desde Podemos Cádiz, la responsable provincial de políticas públicas Marina Liberato, interpreta que “nos encontramos en un momento crítico para nuestra sanidad. Los recortes presupuestarios comenzados en 2010 no cesan, han reducido en 20.000 millones de euros los recursos de un sistema que presenta una demanda en ascenso”.
“La política privatizadora parece ser la única solución barajada, derivando el dinero público a conciertos con centros privados”, lamenta Liberato; que añade que la atención primaria “es la más maltratada siendo clave para un sistema de sanidad público, de calidad y universal”. Además, “las listas de espera para pruebas diagnósticas y cirugía siguen aumentando, la salud mental desbordada y la atención en las residencias de mayores sigue sin solución”.
Desde IU, a su vez, el coordinador provincial Jorge Rodríguez ha reclamado a la derecha que “se deje de dedicar presupuestos a la sanidad privada”; y el diputado en el Congreso de Unidas Podemos, José Luis Bueno, ha insistido en que “hay que poner freno al deterioro de la atención primaria y principalmente en el mundo rural”.
Y para la coordinadora de la refundada Adelante Andalucía, y parlamentaria, Teresa Rodríguez, “cuando uno lleva políticas fiscales y de gestión similares a las de Madrid se encuentra con una respuesta ciudadana similar; es necesario decirle a este gobierno que aunque tiene mayoría no tiene mayoría absoluta en la calle para recortar en la sanidad pública ni para beneficiar a la privada”.
Como réplica preventiva, en los últimos días el presidente provincial del PP y parlamentario andaluz, Bruno García, ha defendido a ‘su’ Junta; la versión de esta derecha es que “desde que llegamos al Gobierno andaluz tuvimos que hacer frente a las críticas de que íbamos a privatizar todo en sanidad y en educación y lo que hemos hecho es todo lo contrario. Se ha invertido más que nunca en sanidad. Jamás se invirtió más del 7% del PIB y ahora estamos en el 7,4%”. Según García, “los socialistas tuvieron muchos años para dar respuesta a una sanidad que estaba muy dañada, pero o no supieron, o no quisieron hacerlo”.
LOS “NÚMEROS” DE LA JUNTA
De la misma forma, la ahora delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, ha tirado de un batiburrillo de números y actuaciones para tratar de demostrar lo bien que se supone que funciona ahora la sanidad pública, frente a cómo estaba cuando gobernaba el PSOE: “hemos invertido 104 millones de euros en la sanidad de la provincia entre los años 2018 y 2022, frente a los 80 millones destinados entre 2011 y 2018; y no sólo hemos avanzado en materia de infraestructuras fundamentales para mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía, sino, que, además, hemos sumado en cuatro años a un total de 3.531 profesionales”. Al respecto, hay que tener en cuenta que desde que estallara la pandemia del Covid-19, a principios de 2020, el Estado ha derivado cuantiosos fondos extras a las comunidades para sanidad.
“hemos invertido 104 millones en la sanidad de la provincia entre los años 2018 y 2022, frente a los 80 millones destinados entre 2011 y 2018”
En concreto, en enero de 2018 la plantilla en el sistema sanitario público de la provincia de Cádiz ascendía a 14.572 profesionales, mientras que en enero de 2022 el total de trabajadores es de 18.103. En este sentido, Pajares ha querido añadir que la mejora en cuanto a personal “no se limita sólo al crecimiento, sino también a la estabilización, gracias a las últimas ofertas de empleo público convocadas y a las contrataciones de larga duración realizadas desde 2019, y a los incrementos salariales, para atender a una demanda histórica de los profesionales de equipararse a otras comunidades”.
Sobre este punto, el PSOE ha subrayado que siguen en el aire los contratos de 12.000 sanitarios (en toda Andalucía) que terminan en diciembre: “nos gustaría que el PP nos dijese cuántos de estos profesionales al filo del despido son de la provincia. En estos días se tiene que celebrar una reunión con los sindicatos y solo cabe esperar de la Junta, que anuncie la renovación de todo el personal”, se ha advertido.
Y en materia de infraestructuras sanitarias, según la versión del Gobierno andaluz trasladado en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, en los últimos cuatro años “ha habido una profunda renovación”. Y además, en el presupuesto de 2023 se consignan, sobre el papel, 26,3 millones para Cádiz (casi todo, fondos europeos), de los que un 60% se destinarán para atención primaria (15,9 millones) y un 40% para hospitalaria (10,4 millones). A colación, los socialistas cuestionan que la Junta apenas ha ejecutado hasta septiembre de 2022 el 16% de la inversión sanitaria prevista en las cuentas vigentes.
