Exigir que todas las administraciones adopten “medidas reales” frente al cambio climático y cumplan con el “deber inexcusable” de proteger la vida de la ciudadanía y del planeta en su conjunto. Con esta reivindicación primordial, el pasado viernes 24 miles de personas salieron a las calles exigiendo justicia frente a la emergencia climática en más de una veintena de municipios españoles, también en Cádiz.
Estas movilizaciones internacionales (en respuesta a la llamada del Día de Acción Global por el Clima convocada por Juventud por el Clima–Fridays for Future) surgen como una respuesta “unánime y tajante” ante “las medidas obsoletas y los insuficientes compromisos” de todos los gobiernos, “que están acelerando la crisis ecológica actual”.
Al grito de “gobierne quien gobierne, el clima se defiende”, el movimiento convocaba concentraciones, marchas y manifestaciones por todo el Estado. En el caso de la capital gaditana, la protesta promovida por Cádiz por el Clima, comenzaba en la Audiencia Provincial, con una performance donde personas vestidas de presas simbolizaban a distintas instituciones (ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno español y Unión Europea) portando carteles que indicaban su culpabilidad por inacción climática y otros cargos; a su vez, estos gobiernos eran juzgados por varias magistradas que les custodiaban. Finalmente, la manifestación bajaba la Cuesta de las Calesas para concluir en la plaza de San Juan de Dios, donde se leía el manifiesto correspondiente. Se lograba movilizar a más de 300 personas.
“APENAS QUEDA UNA DÉCADA PARA ACTUAR”
Según se recoge en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, en dicho manifiesto se indica que el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) muestra con claridad cómo el cambio climático avanza con consecuencias cada vez más severas en todo el planeta.
“Lo que hagamos en esta década será decisivo, y es fundamental que los países multipliquen sus esfuerzos por salvaguardar la vida de la ciudadanía”, se remarca en dicho informe. “Una señal que alerta de que apenas queda una década para actuar, mientras que los escasos compromisos de los países conducen a un futuro con graves consecuencias para la vida en el planeta, con especial crudeza sobre la humanidad. No tomar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia climática es una condena para muchas personas en las que los gobiernos son responsables: la justicia no puede mirar para otro lado”.
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, según las organizaciones ecologistas y sociales convocantes de estas protestas, ha concluido con “compromisos insuficientes” de reducción de emisiones, algo incompatible con el Acuerdo de París y su objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 grados: “el Gobierno (de PSOE y Unidas Podemos) y los representantes políticos del Congreso han sido incapaces de sacar adelante un texto normativo a la altura de la crisis ecológica”.
“No es opcional cumplir las indicaciones científicas, los representantes públicos tienen como primera obligación defender el interés general y están fallando”. “Salimos a las calles –señala el manifiesto- para reivindicar nuestros derechos fundamentales, para defender el futuro y para mostrar la demanda ciudadana de una sentencia judicial valiente que atienda a la gravedad de la crisis climática. Que elijan defender nuestro presente y nuestro futuro y que, como sus colegas en muchos otros países de Europa, tomen la decisión correcta y fallen a favor de la vida y el planeta”.
Y se vuelve a insistir en que “son las personas y los países con menos recursos quienes sufrirán con mayor dureza las consecuencias del cambio climático, a pesar de ser los menos responsables de esta crisis ecológica. Por el contrario, las grandes empresas responsables de la situación actual actúan con impunidad y tratan de venderse como una ‘solución verde’, con la complicidad de los poderes públicos”.
“Encontrar el amparo de la justicia en España no solo es posible, sino una obligación moral de toda la ciudadanía”, en palabras de las organizaciones convocantes. “Está en mano de la sociedad civil recordar al Tribunal que, en pleno siglo XXI, la concepción de la justicia debe incorporar de forma nítida el derecho de las generaciones presentes y futuras a una vida digna en un planeta sano”.
