Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras, en la provincia gaditana, se han sumado a las movilizaciones convocadas este 21 de diciembre en todo el país con motivo de la campaña ‘No más cortes de luz’ contra la pobreza energética, y con la que se reclama la paralización de los cortes de luz a familias sin recursos. Facua calcula que la factura de la luz del usuario medio “es hoy un 70% más cara que hace diez años” y exige la “intervención del sector” para que sea el Gobierno el que fije “una tarifa asequible”.
Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras, en la provincia gaditana, se han sumado a las movilizaciones convocadas este miércoles 21 de diciembre en todo el país con motivo de la campaña ‘No más cortes de luz’ contra la pobreza energética, y con la que se reclama la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos.
Las 25 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, que apoyan ya nueves partidos políticos están detrás de estas movilizaciones a nivel estatal con el objetivo de reivindicar la paralización de los cortes de electricidad a familias sin recursos, así como medidas gubernamentales contra los abusos tarifarios de las eléctricas.
En el caso de la capital gaditana, el Ayuntamiento se ha sumado a la jornada apagando las luces de edificios públicos municipales durante una hora, a partir de las 19 horas. Los ciudadanos igualmente estaban invitados a hacer lo mismo en sus hogares. A esa misma hora se ha desarrollando una concentración en la plaza de San Juan de Dios con la presencia entre otros del alcalde, José María González ‘Kichi’. En Jerez y Puerto Real también se han desarrollado protestas frente a sus respectivos consistorios.
La prohibición de los cortes de luz, la aprobación de una tarifa asequible regulada por el Gobierno y el fin de los abusos tarifarios, la devolución por las compañías eléctricas de los 3.500 euros cobrados indebidamente, la auditoria al sistema eléctrico y la aplicación de un IVA superreducido (del 21 al 4%), son partes de las reivindicaciones de esta campaña ‘#NoMásCortesDeLuz’. Se calcula que en 2015 se produjeron en todo el Estado español más de 650.000 cortes de luz a familias que no podían pagar la factura.
Precisamente en la ciudad de Cádiz, tras un año de trabajo de la Mesa contra la Pobreza Energética, se ha elaborado la propuesta de bono social de Eléctrica de Cádiz, con el que se quiere poner fin a los cortes de luz en la capital.
LA FACTURA, UN 70% MÁS CARA QUE HACE UNA DÉCADA
Aprovechando la campaña de este miércoles, Facua ha difundido un análisis propio en el que concluye que la factura de la luz del usuario medio “es hoy un 69,8% más cara que hace diez años”. De este modo, este recibo en España “se ha inflado en nada menos que 33 euros mensuales de media”.
Así, en diciembre de 2006, una familia con un consumo mensual de 366 kWh y una potencia de 4,4 kW pagaba 47,27 euros al mes. Hoy, la factura representa 80,25 euros, partiendo del mismo consumo y potencia contratada y tomando como referencia las tarifas vigentes en los primeros 20 días de diciembre.
Hace justo diez años, el precio del kWh estaba en 10,66 céntimos (impuestos indirectos incluidos), mientras que en la actualidad se sitúa en 13,16 céntimos, un 23,5% más caro. En cuanto al término fijo de la factura, la subida ha sido tan injustificada como descomunal: el kW de potencia contratada estaba en diciembre de 2006 en 1,88 euros mensuales, mientras que hoy alcanza los 4,46 euros, un 137,2% más.
En este sentido, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, esta asociación de consumidores reclama al Gobierno central “que ponga fin a las prácticas oligopolísticas que provocan las desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España”. Exige la intervención del sector “para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos”.
Se trata, advierte Facua, de un sector “donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos”.
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