El Ayuntamiento de Cádiz podría empezar a aplicar el protocolo antidesahucios en una semana si la judicatura acepta su propuesta relativa a la articulación de mecanismos de coordinación entre el Consistorio y el poder judicial para intentar evitar que se produzcan más desahucios en la ciudad. El juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, ha recibido dicha propuesta municipal en el transcurso de una reunión que ha mantenido con el alcalde. “En la medida en la que colaboremos juntos estaremos más cerca de encontrar una solución”, ha defendido José María González.
El Ayuntamiento de Cádiz podría empezar a aplicar el protocolo antidesahucios en una semana si la judicatura acepta su propuesta relativa a la articulación de mecanismos de coordinación entre el Consistorio y el poder judicial para intentar evitar que se produzcan más desahucios en la ciudad.
El juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, ha recibido este lunes la propuesta municipal en el transcurso de una reunión que ha mantenido en el Ayuntamiento con el alcalde, José María González ‘Kichi’, la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, y la concejala de Vivienda, Eva Tubío.
El objetivo del protocolo es establecer una serie de medidas que contribuirían a facilitar el trabajo a ambas partes y, a la vez, ayudar a agilizar las soluciones aportadas a personas en riesgo de desahucio.
El primer edil de Por Cádiz sí se puede ha destacado la “buena sintonía” y el “clima de entendimiento” que ha presidido la reunión con el juez decano, al tiempo que ha manifestado que “es necesario protocolizar una manera de actuar contra los desahucios más allá de actuaciones puntuales desarrolladas por el Ayuntamiento”, incidiendo en que “son distintas instituciones las que tienen una responsabilidad compartida ante una situación como un desalojo o un desahucio, y en la medida en la que colaboremos juntos estaremos más cerca de encontrar una solución”.
González ha detallado que la propuesta municipal de protocolo antidesahucios comprende dos partes diferenciadas: una primera parte en la que se insiste en la conveniencia de que el poder judicial notifique en tiempo real al Ayuntamiento el inicio de un expediente que pueda terminar en un desalojo o un desahucio, y otra en la que se incluye la constitución de una Oficina de Defensa de la Vivienda en la que profesionales de la empresa municipal Procasa y de Asuntos Sociales pondrían a disposición de la ciudadanía todos los recursos que tiene el Consistorio para luchar contra los desahucios.
El documento presentado, se remarca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, deberá ser corroborado por la judicatura, un extremo en el que el alcalde confía tras advertir “ganas de trabajar y colaborar” en el juez decano de Cádiz. “La semana que viene tendremos una respuesta y procederemos a la firma del acuerdo si es positiva esa respuesta”, ha añadido.
“A TODAS LAS INSTITUCIONES LE PREOCUPAN LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA”
“Cuando nos hemos enterado de las situaciones que podían desembocar en un desahucio o un desalojo ha sido una semana antes, y si contamos con más tiempo para actuar podremos poner en marcha recursos que antes no podíamos utilizar porque había un margen de maniobra muy reducido”, ha defendido.
Los profesionales de la Oficina de Defensa de la Vivienda se encargarán de realizar una importante labor de mediación y de acompañamiento en el proceso de búsqueda de una nueva vivienda, de un nuevo hogar con los afectados por un posible desahucio o desalojo.
El alcalde está convencido de que “a todas las instituciones le preocupan los problemas de la ciudadanía”, y en esa línea ha apuntado que el Ayuntamiento de Cádiz se atribuye responsabilidades “en la medida en la que son problemas de nuestros vecinos, si bien es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias en materia de vivienda”. “Cuando tengamos el Plan Municipal de Vivienda nos sentaremos con ellos”, ha manifestado, recalcando que “cuando las instituciones trabajan juntas son capaces de trabajar mejor”.
También ha explicado que el Consistorio trabaja en dos líneas bien definidas en la búsqueda de una alternativa habitacional a las personas en riesgo de desahucio. Así, una línea de trabajo a corto plazo es “buscar una alternativa con propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores de vivienda, e intentar lograr que se fíen del Ayuntamiento que, hasta ahora, ha tenido fama de mal pagador. Hay que recuperar esa legitimidad, credibilidad y confianza en el Consistorio”. La otra línea de trabajo, más a medio-largo plazo, es “tener una bolsa de viviendas en alquiler social de la ciudad”.
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