El PP se ha salido con la suya. A partir de una denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha obligado al Ayuntamiento de la capital sobre las tres de la tarde a arriar “inmediatamente” la bandera tricolor que sobre el mediodía, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, había izado en su fachada en un mástil adicional. El Gobierno local acata la medida cautelar aunque entiende que no ha incumplido la llamada Ley de Banderas. El alcalde lamenta la “discrecionalidad” en la acción de un cargo institucional, Javier de Torre, que “ha ido a por el Ayuntamiento”.
El PP se ha salido con la suya. A partir de una denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, cuyo responsable es Javier de Torre, colocado por este mismo partido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de la ciudad ha obligado al Ayuntamiento de la capital a arriar “inmediatamente” la bandera tricolor que horas antes, coincidiendo con el 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República, había izado en su fachada en un mástil adicional a los tres habituales de la balconada, donde siguen al viento las enseñas de España, Andalucía y el pendón morado. Cuarto mástil donde en fechas concretas, en los últimos meses, se ha podido colgar las banderas gay, trans y scout, sin problema alguno.
La medida cautelar adoptada por dicho juzgado ha sido comunicada al Consistorio a las 15.10 horas, por lo que teniendo en cuenta que la emblemática bandera que no es “ilegal” ni “anticonstitucional” como interpretan desde la derecha se izaba sobre las 11.30 horas, ha podido estar ondeando ni cinco horas, homenajeando a quienes “lucharon por mantener la democracia y el orden constitucional durante el golpe de estado del 36”. La previsión era retirarla por la noche.
El auto fundamenta su decisión particularmente en dos sentencias del Tribunal Supremos del País Vasco, y del Supremo de Castilla y León, en la que se subraya que en un edificio público, como es el Ayuntamiento, no se puede hacer uso en ningún lugar de la fachada de otra bandera que no sea la oficial o la del propio municipio.
“A denuncia del PP la jueza ordena arriar ‘inmediatamente’ la tricolor del Ayuntamiento. Su rabia prohibe la memoria. Prefieren la de Panamá”, apuntaba el alcalde, José María González ‘Kichi’, en su cuenta de twitter sobre las 16 horas. A su vez, el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, insistía también a través de esta red social que “a denuncia del PP el juzgado ordena cautelarmente retirar la bandera republicana. La derecha rabia cuando se repara y honra la memoria”. Ante estos comentarios, el PP local no se quedaba callado, y se ha dedicado a replicar también vía twitter que “el PP no ha denunciado nada. Lo ha hecho el abogado del Estado”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz y sobre la actitud del subdelegado del Gobierno interino en Cádiz, González Santos lamenta “la discrecionalidad en la acción de un cargo institucional que ha ido a por el Ayuntamiento de Cádiz”. Asimismo, se muestra “sorprendido” por “la celeridad judicial en esta ocasión, que contrasta con la lentitud mostrada en otros casos como el robo de droga en depósitos policiales en la ciudad o la búsqueda de Manuel Rodríguez de Castro”, exdelegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz en tiempos de Aznar huido de la Justicia.
“La bajada de la bandera de la Segunda República española precipitadamente no ha empañado un acto con una carga enorme de emotividad por parte, en especial, de los familiares de los ediles gaditanos asesinados por los golpistas que han apreciado que, aunque llegue tarde, este homenaje por parte de sus homólogos en 2016 es de justicia”, sentencia el primer edil de Por Cádiz sí se puede, en alusión al acto previo al izado: el descubrimiento de una placa dentro del Consistorio en recuerdo del alcalde y concejales republicanos asesinados por el fascismo a raíz del golpe de estado de julio de 1936.
El equipo de Gobierno formado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común recalca que junto a la bandera tricolor ha seguido ondeando la actual enseña española en un lugar preferente, así como la andaluza y el pendón morado de la ciudad “cumpliendo en todo momento la Ley de Banderas”. Recuerda que ya se izó en el mismo mástil tanto la bandera arcoíris como la de la transfobia o la scout, y resalta que varios ayuntamientos también han realizado homenajes con la bandera republicana como protagonista en más de una veintena de municipios, algunos en la provincia de Cádiz, como Trebujena o Puerto Real, y otros como Camas o Zaragoza.
“LA BANDERA REPUBLICANA ES ANTICONSTITUCIONAL”, PARA EL PP
Con la bandera tricolor en el Ayuntamiento, cedida por la Plataforma por la Memoria Histórica de Cádiz, se perseguía rendir un homenaje simbólico a las personas que lucharon por mantener la democracia y el orden constitucional antes y durante la Guerra Civil.
Horas después de conocer este gesto a través de los medios en la tarde del miércoles, el PP no dudó en poner en cuestión la iniciativa. Y es que la derecha local opina todavía a estas alturas que la bandera republicana es “anticonstitucional; estamos en contra de esta acción porque está prohibido por ley que ondeen banderas anticonstitucionales en edificios oficiales”. Y añadía, “si Podemos o Ganar Cádiz quieren homenajear a la República tienen sus sedes para hacerlo. No tienen porque hacerlo en el Ayuntamiento donde, como edificio oficial que es, solo pueden ondear las banderas constitucionales, y en este caso la bandera que representa a todos los españoles”.
“Otros ayuntamientos que han querido hacer algo parecido han sometido esta medida a pleno, mientras que en Cádiz ni siquiera sabemos que órgano de gobierno ha tomado esta decisión que es ilegal –se insiste-, y sobre la que tendrá que actuar la autoridad competente”. El principal partido de la oposición entiende que el alcalde “ha preferido, de nuevo, entrar en la provocación, anunciarlo horas antes y seguir así con su política de gestos y de nula gestión”.
Por su lado, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, este mismo jueves, y sobre este acto, hababa de “ofensa a la inteligencia”, ya que con los problemas que tiene la ciudadanía, “se esté hablando si se tiene que ondear una bandera u otra”. “Siempre que se ponga otra bandera, tiene que estar acompañada de la bandera de España”, ha subrayado refiriéndose a la normativa. Algo que no se incumple en la capital gaditana.
EL ALCALDE RESPONDIÓ A PP Y JUNTA
Al respecto, y horas antes del auto judicial, el alcalde de Por Cádiz sí se puede lamentaba la actitud de los populares ante este acto “de reparación y de justicia que, desde mi punto de vista, es la base de la memoria histórica”. Y criticaba las acusaciones realizadas desde “quienes deberían comenzar a mirar al pasado con otros ojos”. A su juicio, “existe una vinculación casi genealógica entre el PP, como partido, y los responsables del golpe de estado, pues fue, fundado por los miembros del Gobierno de la dictadura franquista”. En cualquier caso, ha añadido que “es sano mirar al pasado, enfrentarse a él y asimilarlo”.
En referencia a las declaraciones del delegado del Gobierno andaluz, sobre su “sorpresa” ante la existencia de “ayuntamientos que intentan hacer del Día de la República un espectáculo y siempre están en la confrontación”, manifiesta que le causa “estupor” que un representante del PSOE critique este acto conmemorativo, sobre todo cuando se trata de un acto de memoria, “de justicia y de reparación amparado en una normativa, la de memoria histórica, que su partido aprobó”.
La bandera republicana (oficial desde 1931 a 1939) es preconstitucional, pero ni es ilegal ni tampoco es inconstitucional; su exhibición está amparada por los artículos de la Constitución vigente que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión.
SANZ SENTENCIA QUE EL AYUNTAMIENTO ES “LA SEDE DE TODOS LOS GADITANOS”
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que a su vez es el presidente del PP provincial (y que admite ser quien ha presentado la denuncia contra el izado de la bandera), también ha salido a la palestra, para recordar al alcalde que “el Ayuntamiento no es la sede de su partido político, sino la sede de todos los gaditanos” y le ha pedido que “en lugar de insultar y descalificar, cumpla la ley que regula el uso de la bandera española” y acate la resolución judicial. Ni que no lo hubiera hecho.
Sanz interpreta que González Santos, una vez conocida la decisión de la jueza, “recurre una vez más al insulto en vez de limitarse a cumplir la ley, que es igual para todos los ciudadanos y a la que todos estamos supeditados por igual”.
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