La asociación de padres de alumnos (AMPA) del colegio Institución Provincial Gaditana, en Cádiz, acaba de conocer que la Diputación dejará de hacerse cargo del centro (que ya venía arrastrando problemas de demanda y de mantenimiento) tras el presente curso, argumentando que la Fundación Aramburu Moreno de Mora (del Obispado), propietario del mismo, no desea renovar el convenio y además, incidiendo en que no tiene competencias en educación.
CGT, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, considera que la situación es “especialmente grave” dada la “debilidad” de la red de centros públicos en la capital gaditana (donde la mayor parte de escolares de Infantil y Primaria está ya matriculado en centros privados-concertados) y que el anuncio se haga ahora, “cuando la decisión ya estaba tomada al menos desde el mes de febrero, dejando en desamparo al alumnado del centro, y en pleno periodo de alarma, cuando el espacio es más necesario que nunca dada la necesidad de la reducción de la ratio para garantizar la seguridad (para evitar contagios por coronavirus) en el inicio del próximo curso”.
Este sindicato insiste en que no se entiende que esa situación de imposibilidad de mantenimiento de la cesión del edificio (el convenio expira el 20 de octubre de 2020) se comunique ahora: “¿no conocía la Diputación ese dato antes?”, se pregunta. En cualquier caso la renovación de la cesión, añade, “no debería ser un problema, dado que no ha cambiado los fines de la Fundación Aramburu”; y de negarse el Patronato de la citada fundación vinculada a la Iglesia a renovar la cesión del edificio, “sus miembros debieran dar explicaciones públicas de las razones de su negativa”, pues supondría “el cierre de una importante institución social de la ciudad como es este colegio, ya que dicha fundación se debe a los principios por los que fue creada y no a los intereses ¿inmobiliarios? de sus actuales patronos”.
Reitera CGT que la Diputación gaditana “no puede lavarse las manos como está haciendo”. “Es la máxima responsable de mantener el colegio que es de su titularidad y por ello de mantener el convenio de cesión y renovarlo si es necesario con la Fundación Aramburu. Llama la atención que sea una diputación gobernada por el PSOE, que dice defender la escuela pública, quien vaya a ser responsable de un nuevo cierre de un colegio público en la ciudad”, se advierte.
En paralelo, se añade, la delegación territorial y la consejería de Educación de la Junta de Andalucía “incumplirían su promesa de construir un nuevo edificio antes del cierre de este”, promesa pública de los anteriores delegados socialistas Belizón y Palma, “además de abandonar a su suerte al alumnado escolarizado en el centro, que es su responsabilidad”.
“El cierre de este colegio público es inasumible para la red de centros públicos de la capital gaditana, ya muy precaria, que escolariza menos del 40% del alumnado y que dejaría a toda una gran zona de la ciudad (en extramuros) sin ningún centro público cercano para su escolarización. ¿Donde queda la libertad de elección de las familias? ¿Esta solo vale para elegir centros privados?”, reflexiona este sindicato.
El sindicato de enseñanza de CGT llama a toda la comunidad educativa de la escuela pública de la ciudad a luchar contra el cierre de la Institución Provincial Gaditana y a exigir a las instituciones públicas cumplir con su obligación “de defender la escuela pública de la que son responsables”. En este caso a la consejería y delegación territorial de Educación y a la Diputación.
“Cádiz no se merece que se trate así a la Institución por lo que representa y porque no puede consentir un nuevo cierre de un cole público. La lista es ya demasiado larga”, termina recopilando CGT. El primero en cerrar sus puertas fue el colegio Bartolomé Esteban Murillo (Capuchinos) que se produjo a finales de los 80 del siglo pasado y que posteriormente se ubicó el actual IES La Caleta. En 1997 cerró sus puertas el colegio José León de Carranza, en el barrio de Puntales. Le siguió el colegio Eduardo Benot en el Barrio de la Paz. En 2003 cerró el colegio Jaime Balmes en la calle Arbolí. En el año 2004, el colegio Carmen Jiménez en San Severiano. En 2006 es el turno del colegio Manuel de Falla del barrio de La Laguna. El último colegio público que completa esta “lamentable” lista es el IES la Paz que se despidió en 2008 en el barrio que le da nombre.
LA AMPA EXIGE DIMISIONES Y QUE SE CUMPLAN LAS PROMESAS
Por su lado, la AMPA del colegio ha emitido una nota en la que demanda la inmediata dimisión del diputado provincial Daniel Moreno (con el que se reunía días atrás) “por ocultar deliberadamente la fecha de finalización del convenio suscrito siendo conocedor de ella, provocando el cierre del centro por su pasividad y omisión; o del jefe de los servicio jurídicos de la Diputación, en el caso de que no fueran conocedores de aquello que, por sus obligaciones y responsabilidades laborales, deberían conocer al menos desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015 en octubre de 2016”.
Y a la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de educación, se le insta a que alcance un acuerdo con la Fundación Aramburu, propietaria de los terrenos, para asegurar la continuidad de este centro escolar y la subsistencia de suficientes plazas públicas en la zona, “o bien, se comprometa por escrito a la construcción del nuevo centro al que ya se comprometió en 2018”.
Para estos padres y madres es “contradictorio a la vez que ilustrativo” de la gestión de la Diputación, comunicar estos hechos el día hábil anterior a la reapertura del periodo de matriculaciones, en pleno confinamiento, de un asunto que, según el diputado Moreno, está sobre la mesa desde el pasado mes de febrero. “Esta situación con el actual estado de alarma no sólo no permite a las familias salir a la calle a manifestarse en ejercicio de sus derechos y libertades sino que añade una presión, estrés y daño moral a nuestras hijos que podemos calificar de inhumano”. Y se agrega que “estar confinados 60 días, adaptándose a un nuevo modelo de enseñanza a distancia, sin contacto con sus amigos y conocer que no volverán a su colegio con sus compañeros de clase ha supuesto un durísimo golpe emocional que no olvidarán en su vida”.
Además, desde la AMPA se defiende, respondiendo a la información trasladada por la Diputación a los medios, que “no es cierto que dicha reunión obedezca a una voluntad de dialogar e informar al colectivo de padres del centro”; “no es cierto que la Diputación venga realizando un importante esfuerzo en los últimos años acerca de la necesaria inversión para la mejora de las instalaciones”; “no es cierto que en el convenio suscrito entre Diputación y la Fundación Aramburu se establezca como ‘fecha irremediable de extinción’ el próximo 20 de octubre”; “no es cierto que por parte del diputado se nos haya trasladado que se nos mantendrá informados sobre un nuevo acuerdo o sobre la reubicación de los niños; se nos ha informado que a partir de ahora es la Junta nuestra interlocutora y la que debe proporcionarnos una solución al respecto, y que no hay otra alternativa posible más que el cierre del centro”; y se sentencia que “es contradictorio que por parte de la presidenta de la Diputación, ante este problema, se limite a remitir al consejero un informe de la secretaría general enfocado a fundamentar jurídicamente la competencia educacional y traspasar el problema de 60 familias a otra administración, lavándose las manos, máxime cuando el problema ha sido originado por la mala y desidiosa gestión de la administración que preside”.
