La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, junto a los concejales homólogos de otros ayuntamientos de los autodenominados ‘del cambio’ (de Madrid, José Manuel Calvo; de Barcelona, Josep Maria Montaner; de Valencia, María Oliver; de Santiago de Compostela, Jorge Duarte); de A Coruña, Xiao Varela; y de Zaragoza, Pablo Híjar) se ha reunido este lunes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.
Esta delegación de representantes municipales le ha presentado personalmente sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 que está en proceso de tramitación. Una de las principales propuestas ha sido dotar este plan de 2.000 millones de euros de inversión para 2018, e invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda. En la actualidad, el gasto para este capítulo de la Administración General del Estado supone el 0,059% del Producto Interior Bruto (467 millones en 2017, sobre el papel). Y si continúa con la tendencia actual de recortes, que han supuesto una reducción de 1.000 millones en los últimos ocho años, “las políticas públicas de vivienda desaparecerán en cinco años”.
La reclamación de estos siete ayuntamientos de distintos puntos del país es que en el plazo de una década este gasto se sitúe en el 1,5% del PIB. Este incremento anual permitiría que España se equiparase al resto de países europeos que impulsan políticas más acordes con el principio de la vivienda como un derecho fundamental, “que de hecho está recogido en el artículo 47 de la Constitución española”. Los representantes municipales insisten que los consistorios “son las administraciones más próximas a la ciudadanía, y son las que más sufren la falta de recursos públicos de las políticas estatales que permitan garantizar la vivienda como el bien de primera necesidad que es”, se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El incremento presupuestario, se insiste, “resulta imprescindible” para poder aumentar el parque público de alquiler y situar así las ciudades españolas a nivel europeo. Actualmente, España sólo tiene el 2,5% de vivienda asequible (incluyendo VPO pero también rentas antiguas), “un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía”, mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o en Francia se sitúa en el 17%.
Las propuestas presentadas por estos concejales de Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia, Zaragoza y Cádiz incluyen otras medidas concretas para aumentar el parque de vivienda pública. Destacan las de tipo financiero y las propuestas para potenciar nuevos modelos de cesión de vivienda.
En el caso de las medidas de tipo financiero, proponen que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida; que desde la administración central se dé apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas; o que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea.
En cuanto a la potenciación de nuevos modelos, la propuesta es establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.
EVITAR LA ESPECULACIÓN
Entre las alegaciones presentadas al Plan Nacional de Vivienda, estos ayuntamientos ‘del cambio’ también plantean la necesidad de evitar la especulación con la vivienda pública de compra. La propiedad del suelo de este tipo de viviendas “no debe pasar a manos privadas al cabo de los años, como sucede en la actualidad”.
Otras propuestas planteadas en las alegaciones son obligar a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y a otras entidades rescatadas con fondos públicos a incorporar inmuebles vacíos al fondo de viviendas para el alquiler social. En el redactado actual del Plan, las aportaciones son voluntarias, “cosa que se ha demostrado que es ineficaz”. Además, las ayudas a la rehabilitación “deben priorizar al pequeño propietario con escasos recursos económicos por delante del gran propietario, y tienen que prever medidas para que las mejoras que se realizan con ayuda de fondos públicos no puedan repercutir en un incremento excesivo del contrato de alquiler que expulse a los vecinos”.
Y MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
Estos representantes municipales han aprovechado el encuentro con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en Madrid para poner sobre la mesa la reivindicación de modificaciones en el marco legal y normativo que protejan a los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debe alargar la duración mínima de los contratos, “puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de esta ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía”.
Eliminar los beneficios fiscales de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) es otro de los planteamientos que ponen sobre la mesa estos siete ayuntamientos “ya que la actividad de estas sociedades repercute negativamente en el mercado de alquiler, y gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales sus ganancias superan los 5.000 millones de euros”. La compra de vivienda habitual por parte de personas y entidades extranjeras no residentes “también debe ser penalizada fiscalmente”.
