En la víspera del 1 de julio, fatídica fecha en la que entra en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, impuestas por el Gobierno de Rajoy pese la oposición generalizada, como en numerosos puntos del Estado, en la Bahía de Cádiz también hubo protestas contra estas leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. En la capital gaditana, la Apdha promovía una simbólica cadena humana entre la Subdelegación y el Pájaro-jaula. “Se persigue la intimidación preventiva, la coacción y la represión sobre cualquier acción, palabra o gesto que implique la defensa de nuestros derechos”, se denunciaba en el manifiesto final.
En la víspera del 1 de julio, fecha en la que entra en vigor en España la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, impuestas por el Gobierno central del PP pese la oposición generalizada, como en numerosos puntos del Estado, en la Bahía de Cádiz también se celebraron protestas contra “leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta”, evidencian desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
En la capital gaditana, la misma Apdha promovía una cadena humana que congregaba a varios centenares de personas y diferentes colectivos, uniendo el monumento del Pájaro –que recuerda a la Constitución de 1978- con la Subdelegación del Gobierno. “El acto tiene un gran simbolismo, pues quiere unir el que pretender ser un símbolo de las libertades con el brazo ejecutor del Gobierno en el recorte de derechos y libertades, es decir, la Subdelegación, cortando la avenida”, se sostenía en la convocatoria. Ese acto además también aprovechó para mostrar su solidaridad con los procesados de Valcárcel Recuperado, cuyo juicio se celebra este día 1, y casualmente coincide en fecha con la entrada en vigor de la Ley.
Su aprobación –de la derecha en solitario- ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.
En Jerez, es la Plataforma contra la Ley Mordaza la que convocaba una manifestación desde la Plaza del Arenal “para mostrar rechazo ante este ataque a las libertades públicas y democráticas”.
“Hemos llegado hasta aquí porque nos convoca nuestro derecho a la ciudadanía frente al dictado de una ley injusta”, anota el manifiesto leído en el acto de la capital, un texto que se iniciaba con versos de León Felipe.
“Quieren quitarnos la canción porque nuestra canción es fuerza. Nos lo han quitado todo y ahora quieren quitarnos la canción, la palabra, la protesta, la exigencia, el deseo. La capacidad de reunirnos y ser más que dos sin pedir permiso. La posibilidad de engalanar los edificios públicos con nuestros sueños. El derecho a rodear nuestras instituciones para recordarles que es a nosotros y nosotras a quienes deben servir. El derecho a zapatear nuestras protestas en los bancos que desahucian gente. El derecho a defender el techo de los desahuciados. El derecho a defender, acoger y ayudar a los más pobres de entre los pobres, a los inmigrantes. Quieren acabar con todo y quieren además quitarnos la palabra, el gesto, la opinión, la rebeldía. El derecho a tomar, conservar y difundir las imágenes de la injusticia. El derecho a luchar por una vida mejor y más humana”, anota este comunicado recogido por DIARIO Bahía de Cádiz.
La represión, añade el manifiesto, “no es nueva en nuestro estado, ni siquiera esta ley les hacía falta para criminalizar la protesta, la solidaridad y la participación ciudadana. Pero no era bastante, con esta ley se persigue la intimidación preventiva, la coacción y la represión sobre cualquier acción, palabra o gesto que implique la defensa de nuestros derechos. Es una ley para que tengamos miedo antes de hacer, para que ante la duda nos quedemos en casa y en silencio”.
“EL PUEBLO TIENE SIEMPRE LA ÚLTIMA PALABRA”
“Con criterio y tiranía de mercado se aplicarán los derechos. Con las multas pretenden convertir la protesta en artículo de lujo. Que cada cual ejerza la protesta que se pueda pagar”, se afirma, agregando que “llevamos meses sabiendo todo lo que no podremos hacer. Con este dictado de la ley, quieren de veras que nos imaginemos una vida en dictadura. La dictadura de los mercados que entiende la seguridad ciudadana como la seguridad del estatus quo, ese que nos esclaviza y nos despoja. Quieren que pensemos que no podemos levantarnos frente a la injusticia porque nos saldrá muy caro en bienes y en efectos”.
En definitiva, “quieren asustarnos porque ellos ya están sintiendo el miedo a un pueblo al que cada vez le van dejando menos que perder”, sentencia este comunicado, que termina con un “sí a la voz de los pueblos y la lucha por nuestros derechos. No podrán arrebatarnos la voz y la palabra, nos queda la palabra, el pueblo tiene siempre la última palabra”.
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