Para “poner de relieve el retroceso en los derechos humanos en Andalucía” y reclamar “los derechos que han sido sustraídos”, y para incidir en que “es con el compromiso y movilización ciudadana como se protegerán y defenderán los derechos de todas las personas”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha promovido este martes en la capital gaditana una marcha cívica por los derechos humanos, coincidiendo con la fecha señalada como Día de los Derechos Humanos (conmemorando el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Más de 70 colectivos y organizaciones se han unido a esta manifestación para reivindicar, ante el ascenso de la intolerancia y el discurso del odio, “el derecho a la salud y la educación, el derecho a tener un mínimo para vivir dignamente, el derecho a trabajar y tener un futuro, el derecho a disponer de un techo y una vivienda digna, el derecho a un planeta habitable sin esta terrible emergencia climática, el derecho a tener derechos cuando no has nacido aquí, el irrenunciable derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a ser diferentes pero a ser tratados como iguales… el derecho, también, a una sociedad realmente democrática, en el que el hermoso lema de libertad, igualdad y fraternidad sea una realidad”.
La marcha, que ha ido sumando participación hasta rondar las mil personas, partía sobre las siete de la tarde desde la patera situada frente al castillo de Santa Catalina y desembocaba en la plaza de San Juan de Dios. Durante este recorrido por el centro histórico se han ido haciendo paradas para leer distintas reivindicaciones: por el empleo, la vivienda, la salud, los derechos LGTBI, los derechos de las personas con discapacidad y o los de las personas sin hogar.
SE APRECIA UN “DETERIORO” EN ANDALUCÍA DE LOS AVANCES LOGRADOS POR CONSENSO SOCIAL
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha aprovechado este 10-D para denunciar, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, un retroceso en la “ya maltrecha realidad social” en Andalucía desde la entrada, hace un años, del gobierno de PP y Ciudadanos con el aliento de la ultraderecha.
La organización ha hecho una radiografía de la situación en la comunidad autónoma en este 2019 y detecta un “deterioro” de los avances logrados por consenso social como los que tienen que ver con los derechos de la mujer o el desmantelamiento progresivo de la sanidad o la educación públicas. Además, observa cómo las personas en mayor situación de vulnerabilidad y las migrantes “ven sus derechos aún más conculcados y se incrementa la brecha social, ya de por sí amplia en Andalucía”.
Se analiza un contexto en el que más del 38% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza, con 11 de las 15 ciudades con mayor desempleo del Estado español y con 3,1 millones de personas malviviendo. Aquí, se denuncia un creciente deterioro de los servicios sociales y la persistencia de situaciones inasumibles en el acceso a la vivienda, “con precios prohibitivos de alquiler y vivienda pública a precio de mercado”. Continúan los desahucios y “miles de familias se ven obligadas a ocupar viviendas”, al tiempo que “es inaceptable la presencia de asentamientos chabolistas, especialmente en zonas agrícolas, y de numerosas personas sin hogar durmiendo en la calle”.
También en este primer año de Junta de Andalucía con gobierno de derechas, la organización ha detectado un incremento del “racismo institucional” evidenciado, por un lado, por la criminalización de la población migrante en los discursos políticos y por la “intolerable decisión” de ceder los datos sanitarios y sociales de las personas extranjeras en situación irregular a la Policía para facilitar su localización y expulsión. Y por otro, en que los derechos de la infancia migrante “son sistemáticamente ignorados, sin reconocer el interés superior del menor”.
Además, se critica en educación la supresión de 411 aulas de Infantil y Primaria (en la escuela pública), el desmantelamiento de escuelas rurales y el aumento planificado del número de alumnos por clase, de las 25 marcadas por ley se llega a ampliar hasta 28 en más de 700 aulas en Andalucía. Asimismo, continúan las privatizaciones y externalizaciones en los servicios de catering, limpieza y monitores escolares.
Respecto a sanidad, la Apdha asegura que se ha intensificado la “depauperación que ya existía del sistema”, que perdió con los recortes 9.000 millones de euros y 7.000 profesionales sanitarios. También reprueba la promoción de la sanidad privada en detrimento de la pública con medidas del nuevo Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla como la eliminación del complemento de exclusividad, con el que se incentivaba que los médicos trabajaran exclusivamente en el sector público, y la intención, a través de un borrador de decreto ley, de permitir que los cargos intermedios compatibilicen su actividad pública con la privada, “con los consiguientes conflictos de intereses que pueden producirse”. Aunque todavía preocupa más a esta entidad la sanidad en prisión “por el elevado número de muertes en las cárceles andaluzas”: durante el año 2018 ascendió a 77 personas.
En cuanto a igualdad, para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el actual Gobierno andaluz “niega la existencia de discriminación, sobreexplotación y violencia de género”, como “claramente se manifiesta en la aprobación del presupuesto, que desplaza competencias y recursos hacia la promoción de un único modelo de familia, las ayudas al llamado teléfono de violencia intrafamiliar, en detrimento de competencias y recursos destinados a igualdad”. Asimismo se han eliminado conceptos como violencia de género o brecha salarial, se han suprimido partidas y se generaliza una vuelta atrás en el papel que debe desempeñar la mujer en la sociedad, “desde una visión asistencialista, lo que supone un claro retroceso y un recorte de derechos adquiridos”. “Es significativo cuánto preocupa la violencia de género, cuando hacen desaparecer el presupuesto destinado al Observatorio Andaluz de Violencia de Género”, se subraya.
Por último, en lo que se refiere a represión, este colectivo advierte que en 2018 Andalucía registró un aumento de un 20% de sanciones basadas en la Ley Mordaza (impuesta por el anterior Gobierno central del PP y que todavía no ha derogado el posterior del PSOE), con un incremento del 22% en la recaudación, que supera la cifra de los 54 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio de Interior. Además del incremento en la imposición de multas por la protesta, se cuestiona la creciente prohibición “sin pudor y sin la menor justificación”, de concentraciones que no entrañan el menor riesgo de producir alteraciones del orden público, pese a cumplir con todos los requisitos y procedimientos. “Una respuesta represiva necesaria para mitigar la natural reacción de los sectores a los que se les limitan o directamente se les retiran sus derechos”, se apostilla.
