“Es el momento idóneo para que el Gobierno reforme la Ley de bienes de la Iglesia Católica, para que los ayuntamientos podamos decidir sobre si aplicar estas bonificaciones o no”, apuntan desde el Ejecutivo gaditano, que insiste en que la Iglesia “tiene inmuebles en la ciudad sin tener que pagar IBI, para su beneficio propio”.
“En el momento actual en el que nos encontramos, con la especulación del ladrillo, la subida de las hipotecas, alquileres y todo lo relacionado con los bienes inmuebles, que haya un número ingente de propiedades exentas de pagar, nos parece un privilegio inentendible”, afirman desde el Gobierno gaditano, a raíz de la publicación en el portal de Datos Abiertos del propio Ayuntamiento de la relación de bienes inmuebles que están exentos de pagar el IBI en función de lo que marcan las leyes.
De este modo, la ciudad deja de recaudar en el presente ejercicio más de 3,1 millones de euros por este impuesto, una de las principales herramientas de recaudación municipal. Más de 780.000 euros es dinero que no llega a las arcas del Ayuntamiento por bienes de la Iglesia Católica y el resto de confesiones.
“este privilegio está blindado por una ley estatal, ata de pies y manos a los ayuntamientos ya de por sí infrafinanciados”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ considera que estas exenciones deben “erradicarse”; y señala directamente al Gobierno de España (hoy de PSOE y Unidas Podemos), ya que vienen reguladas a través de la ley de bienes de la Iglesia Católica y asociaciones confesionales no católicas, según el acuerdo con la Santa Sede de 1979.
“Este privilegio está blindado por una ley estatal, lo que hace es que ata de pies y manos a los ayuntamientos, ya de por sí están infrafinanciados y le da posesiones de privilegios a la Alta Iglesia”, se denuncia.
Y es que el equipo de Gobierno gaditano entiende que la Iglesia “tiene inmuebles sin tener que pagar IBI, para su beneficio propio, sin aportar económicamente nada al Ayuntamiento que revierta en el común de la sociedad”.
Es por ello que se sostiene que “en estos momentos de carestía económica, sería idóneo llevar a cabo esta reforma de la ley para que no se pierda, como en este caso se apunta, más de 780.000 euros que no se pagan”.
Así, desde Cádiz se insta, al menos, a que se plantee la posibilidad que los propios ayuntamientos puedan decidir por sí mismos si aplicar o no estas bonificaciones y exenciones, “y no que vengan directamente impuestas por ley, máxime en un estado aconfesional”.
