“Cádiz está atravesando una grave crisis en el mercado de alquileres”. Lo afirman desde Izquierda Unida (parte integrante de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana), y más bien parece una obviedad ya difícil de esconder.
Así lo ratificaba estos días un análisis del portal Idealista, señalando que actualmente, de las 387 viviendas en alquiler que oferta en la ciudad, sólo 30 se encuentran por debajo de los 600 euros mensuales. Y de esas, apenas tres están disponibles para alquileres de larga duración.
Para IU, “son unas cifras de pura especulación que están inculcando de facto el derecho a la vivienda de gaditanos, con la absoluta connivencia del alcalde Bruno García”. Y reitera que “la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos está incrementando de manera escandalosa los precios del alquiler, expulsando a los residentes locales de sus hogares y limitando las opciones de vivienda asequible”.
Sin embargo, a pesar de la urgencia del problema, “ni el Ayuntamiento de Cádiz ni la Junta de Andalucía, ambas bajo el liderazgo del PP, lejos de carecer de la voluntad política para implementar las medidas necesarias para controlar este fenómeno, están actuando en favor de las promotoras y de las políticas del ladrillo”, se interpreta.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta formación insiste en que la relación entre el aumento de los apartamentos turísticos en la capital (pese a que el actual equipo de Gobierno del PP desde hace unas semanas presume de estar persiguiendo los pisos turísticos ilegales, y ya habría tramitado una docena de multas) y la subida del precio del alquiler “es evidente”.
“Llegando a tal nivel que zonas como Mentidero y La Viña tienen precios de alquiler que superan los 10,8 euros por metro cuadrado; siendo esta una de las primeras causas por la que los residentes locales tienen que irse de la ciudad”. Ello está conllevando en paralelo que “se están transformando barrios históricos en zonas saturadas, que están perdiendo su propia identidad, y se está deteriorando el tejido social”.
Por otro lado, IU entiende que la apuesta por la vivienda protegida en venta y no en alquiler social, que está realizando tanto el Ayuntamiento como la Junta (con gobiernos de derecha), “no busca favorecer el acceso a la vivienda sino aumentar los beneficios de las promotoras y constructoras”.
En ese sentido, denuncia que “el PP ha incrementado este año los módulos de precio de la vivienda protegida hasta un 14,5%, lo cual está suponiendo que numerosas familias que precisamente son empleadas del sector turístico no puedan acceder a las promociones en régimen de venta, que ya prácticamente se acercan a los precios de la vivienda de renta libre”.
“NUESTROS VECINOS TIENEN DERECHO A VIVIR EN CÁDIZ”
En definitiva, esta formación izquierdista insta a que se tomen “medidas en favor de las familias trabajadoras”, ya que en el caso concreto de Cádiz, “corre el riesgo de convertirse en una ciudad inhabitable para gaditanos y gaditanas. Podría llegar el caso de perder los 100.000 habitantes que redundaría en una disminución considerable del presupuesto municipal y un auténtico declive para la ciudad”.
“Aumentar las tasas de agua y basura a las actividades turísticas, implementar la tasa turística a las pernoctas, fomentar que el suelo público tenga como finalidad la vivienda social o acomodar los precios de los módulos de vivienda protegida a las rentas de las familias trabajadoras”, son varias de las medidas que se ponen sobre la mesa para tratar de contener este problema, que se repite en otros puntos del Estado.
“El futuro de la ciudad no puede depender exclusivamente del turismo a corto plazo, sino que debe equilibrarse con la necesaria industria y la protección de los derechos de los residentes locales a una vivienda digna. Nuestros vecinos tienen derecho a vivir en Cádiz”, sentencian desde Izquierda Unida, en consonancia con los argumentos que desde hace unos meses defienden desde la plataforma ciudadana Cádiz Resiste.
MÁS VIVIENDAS MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y entretanto, la empresa municipal de la vivienda Procasa ha establecido el cupo de reservas para distintos colectivos de cada una de las nuevas promociones públicas de viviendas que están en proceso de licitación en la ciudad.
La Ley establece que el 4% de las viviendas de estas promociones con dinero de todos se destine a personas con movilidad reducida que necesitan una vivienda adaptada, y a personas con una discapacidad reconocida de más del 33%. Sin embargo, el Gobierno gaditano del PP presume de tomar la “decisión política” de superar este mínimo “pasando a un 24%”.
En concreto, de las 106 viviendas previstas por Procasa en los próximos años, un total de 78 están en proceso de licitación: nueve en Pericón de Cádiz 3 y 5; ocho en Sagasta 77 y 79; nueve en Calderón de la Barca, 19; y 53 en Marconi. Según el cupo mínimo establecido por la Ley, corresponderían un total de dos viviendas a estas personas “pero nosotros hemos ido más allá y de 2 hemos pasado a 18”, ha subrayado el alcalde Bruno García, recalcando que “cuando les hablamos de medidas sociales no era por hablar, creemos firmemente en la inclusión”.
