La organización pro-sionista Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (Acom) ha denunciado al Ayuntamiento de Cádiz y a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), y su querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 1 de la ciudad.
Dicha entidad se siente ofendida por el ciclo de cine israelí patrocinado por la embajada de Israel, que se convocó para septiembre de 2017 en instalaciones municipales y que la concejalía de Cultura decidió suspender una vez iniciado, en aplicación del compromiso ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. La Apdha mostró públicamente su apoyo a la decisión del Gobierno local liderado por José María González ‘Kichi’ de llevar a cabo el boicot a esta actividad, “patrocinada directamente por el gobierno israelí o sus representantes”. Y el Gobierno israelíta, a través de su Embajada en España, tildó esta actuación como un acto de “censura cultural” basado en “criterios políticos, algo que nos recuerda épocas oscuras de la historia contemporánea”.
En abril ya trascendía que el Contencioso Administrativo condenaba al Consistorio gaditano (en costas procesales) por suspender dicho ciclo de cine. La misma Acom fue la que acudió a la Justicia. Esta entidad con sede en Madrid dice ser el grupo de referencia de la sociedad civil española que “lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío, está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta”.
Ahora estos hechos han motivado la interposición de la querella. Al respecto, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la Adpha considera que Acom hace un “uso torticero” de tipos penales como el artículo 510 (relativo a los llamados delitos de odio) “pensados para la protección frente a la discriminación y el delito de odio dirigido a sectores vulnerables y que aquí es utilizado para intentar asfixiar y penalizar a quienes precisamente denuncian las vulneraciones de los derechos humanos, en este caso del pueblo palestino”.
De este modo, este colectivo reflexiona que estas acciones “no deberían encontrar en el ámbito jurídico un canal para la represión de acciones basadas en valores de solidaridad y apoyo para la defensa colectiva frente a la violencia y violación de derechos”. Por ello, le sorprende la admisión a trámite de la querella por el juzgado, y la citación como investigados a la propia Apdha y al conjunto del equipo de Gobierno de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común.
Igualmente se llama la atención sobre la “injerencia” que suponen las acciones de entidades pro-sionistas en la acción de los movimientos sociales que promueven la plena vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “son acciones enormemente preocupantes que se proponen acogotar la labor de organizaciones que pretenden contribuir a través de acciones locales a la modificación de situaciones globales de injusticia y desigualdad”.
Estas acciones “trascienden la labor de la Apdha y se están consolidando como una estrategia para reprimir la labor de entidades sociales y administraciones que como en el caso del municipio gaditano, adquieren un compromiso específico con los DDHH del pueblo palestino”, se lamenta.
“Estamos seguros de que el resultado de este procedimiento judicial llevará en pura lógica al archivo de la causa”. Pero al margen del resultado de este “alucinante proceso”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía dice reafirmar su “compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos de quienes padecen sus violaciones, entre ellos el pueblo palestino, que ninguna causa penal logrará debilitar”.
“SE VA CONTRA EL ESTADO DE ISRAEL, NO CONTRA EL PUEBLO JUDÍO”
El Ayuntamiento de Cádiz está adherido a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, desde agosto de 2016, “comprometiéndose con la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS) por el incumplimiento de derechos humanos y legislación internacional contra el pueblo palestino”.
Por su lado, la Apdha aclara que desarrolla una amplia labor de defensa de los derechos humanos, y los defiende “allí donde son especialmente violentados”. En este ámbito se encuadran las acciones de solidaridad con el pueblo palestino, “que comprenden la participación en estrategias internacionales de presión para acabar con las vulneraciones de derechos humanos, incumplimiento de resoluciones de la ONU y de legislación internacional que ejerce sistemáticamente el Estado de Israel sobre la población palestina”. Estas estrategias, se apostilla, “no tienen en ningún caso contenido antisemita ni se dirigen contra el pueblo judío. Es un Estado, el de Israel, el objetivo de nuestras denuncias en tanto que responsable directo de las vulneraciones de derechos humanos que se producen diaria y masivamente en su territorio”.
