Tarde, con más de ocho meses consumidos de 2024, el Gobierno local del PP ha logrado al fin sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz para el presente ejercicio (lo que queda, menos de cinco meses).
En un pleno extraordinario celebrado este 9 de agosto, tras desestimarse las alegaciones registradas, la derecha ha aprobado de forma definitiva las primeras cuentas de la era Bruno García, esas que desde hace meses viene vendiendo como “las más sociales de la historia”. El PSOE de nuevo se ha abstenido, y Adelante Izquierda Gaditana ha vuelto a votar en contra. Hasta ahora (y hasta que entren en vigor en unas semanas), el Consistorio ha venido funcionando con los prorrogados de 2022 elaborados por la izquierda.
Las cifras globales de este presupuesto municipal que rondan los 189,9 millones (aunque más de 10 millones son inversiones afectadas, o sea, están condicionadas a la polémica venta del suelo del Campo de las Balas; y al reparto de beneficios de Eléctrica de Cádiz), reflejan dos líneas de actuación “irrenunciables” para el Ejecutivo popular: la inversión en cobertura social, “que se aumenta cerca de un 14%, llegando a los 20,6 millones de euros”; y el “destacado” crecimiento de la aportación a Procasa, “del 32%”, que viene a dar músculo a la empresa municipal de vivienda para gestionar los fondos ya aportados en las modificaciones de crédito de 2023 y que ascienden a 10 millones de euros.
Las inversiones no afectadas ascienden a 3,3 millones y recogen las líneas de actuación que ya se vienen desarrollando con la proyectada reforma del albergue municipal, la dotación de fondos para la reforma de Soledad 6 como albergue de segunda oportunidad (gracias a fondos europeos), la actuación en el Parque Genovés, en el Palacio de Congresos y completar los saldos de actuaciones proyectadas con fondos EDUSI que aún quedaban por terminar y que en este sentido han bajado sustancialmente al dotarse solo la parte final y no el grueso de las actuaciones que estaban previstas en las cuentas de 2022.
Y en cuanto a las inversiones afectadas, ascienden a 10,2 millones; aquí se plasman 6,2 millones destinados al proyecto de Valcárcel (aunque la Junta sigue sin aclarar si costeará gran parte de su conversión en facultad), al inicio de trabajos en la avenida de Astilleros y el parque del cementerio (todo ello pendiente de que se venda la parcela hotelera del Campo de las Balas); y otros 4 millones destinados a expropiaciones de fincas para vivienda pública y a completar la financiación del nuevo y prometido pabellón Portillo, a razón de 2 millones para cada concepto (que se prevé obtener con el reparto de dividendos de la reserva voluntaria de Eléctrica de Cádiz).
El alcalde Bruno García, en este pleno según se destaca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha repetido que es el presupuesto “más social de la historia de la ciudad, se trata de un primer paso que damos sin recortes y con diálogo”; y ha incidido en que esta línea de trabajo se mantendrá “hasta garantizar la cobertura social a todos los gaditanos”.
CAEN TODAS LAS ALEGACIONES
Durante el pleno, con el único voto del PP (que tiene mayoría) y el rechazo de los dos partidos de la oposición, se han desestimado las 13 alegaciones presentadas a las cuentas en su aprobación inicial, por un total de 19 colectivos o personas que, en algunos casos, habían presentado la misma.
Según consta en el informe de Intervención al respecto, “ninguna de las 13 alegaciones presentadas cumple con alguno de los tres supuestos que marca la ley como motivo justificado de reclamación”; básicamente, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos; por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigible; y/o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados.
En este sentido, en la propuesta del equipo de Gobierno que tumba las alegaciones se llama la atención en el hecho de que al menos tres han sido presentadas por grupos políticos que han formado parte del gobierno municipal en los últimos ochos años: “ninguna cumple con los requisitos legales para que se puedan considerar reclamación, y son realmente una enmienda que está fuera de plazo, ya que al pleno de aprobación definitiva no corresponde más que las alegaciones previstas en la ley”.
Sobre ello, la concejala de Hacienda, Maite González, ha apostillado que “a la vista de este error involuntario o premeditado, no lo sabemos”, se han rechazado todas las alegaciones de AIG (y los partidos que integran la coalición). Y ha vuelto a defender que en el proceso de consultas y propuestas para la elaboración de este presupuesto “que abrió el alcalde por primera vez en esta casa desde hacía muchos años”, a su entender, “desde Adelante sólo se presentó un documento político sin ninguna concreción, como sí hizo el PSOE al que se le admitió la práctica totalidad de propuestas”.
Desde la aprobación inicial, AIG se ha opuesto a unas cuentas del PP “con olorcito a alcanfor”, que no recogen ninguna de sus propuestas “totalmente viables y asumibles, con el ánimo de hacer una oposición constructiva”: “no son ideológicas, hablan de las cosas del día a día importantes para la ciudad”. La izquierda ha reclamado, sin éxito, medidas como los canguros y psicólogos municipales; que toda la inversión para la construcción de vivienda sea para alquiler social; que se contraten inspectores que vigilen, controlen y sancionen a los pisos turísticos ilegales, así como a las terrazas sin ningún control; o la puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas.
CONFIRMADA LA SUBIDA DEL AGUA
En la mañana de este mismo viernes también se ha celebrado otro pleno extraordinario previo en el que se ha aprobado una modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el ejercicio presupuestario 2024; y se ha dado luz verde al nuevo pliego del servicio de ayuda a domicilio (del que tan orgulloso se siente el Gobierno del PP, frente a una oposición que sigue abogando por la municipalización). Dos expedientes que, a juicio de UGT, no solucionan los problemas que tiene el Ayuntamiento gaditano por la falta de personal.
Igualmente, se ha sacado adelante con el rechazo contundente de la oposición, la modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas por servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas; que traducido resulta la impopular subida de la factura del agua.
Un “tarifazo” que para Adelante Izquierda Gaditana “tiene un marcado carácter regresivo y antisocial”. “El PP, que ya dejó el precio del agua de Cádiz entre los más altas de España, vuelve a apretar a los gaditanos con una subida brutal”, han añadido desde el PSOE. El Ejecutivo de Bruno García excusa esta subida por el incremento a su vez del coste del agua en alta (que debe asumir la empresa municipal Aguas de Cádiz) aprobada desde hace meses por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (subida también promovida por la derecha).
