Con las negociaciones abiertas, CSIF, SBC y SAB han convocado una protesta aprovechando el pleno de la Diputación para reclamar una RPT “justa” y volver a denunciar la “falta de personal”. La presidencia del consorcio provincial asegura que aumentará la plantilla en 90 efectivos en cinco años, y les acusa de “generar crispación ficticia”.
Aprovechando el pleno mensual de la Diputación, y un día después de que la Junta General del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) haya aprobado su presupuesto para 2023, Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) y CSIF han convocado una ruidosa manifestación en la capital, entre el Parque de Bomberos y el Palacio Provincial, para reclamar una Relación de Puestos de Trabajo “justa” y para volver a denunciar la “falta de personal” que sufre este servicio público para afrontar la labor que debe desarrollar. Los manifestantes han entrado en la Diputación y se han vivido momentos de cierta tensión.
Con posterioridad a la protesta (atendida entre otros partidos por PP, Adelante Cádiz e IU), el Consorcio de Bomberos no ha dudado en tacharla de “asalto trumpista”, condenando “enérgicamente” los métodos usados por quienes han acudido al Palacio Provincial (“menos del 20% de los 550 funcionarios de este Consorcio”). Así, denuncia “forcejeos, empujones a funcionarias y aporreamiento de puertas de distintas dependencias, tratando de amedrentar y conseguir por la fuerza, lo que actualmente se encuentra en la mesa de negociación”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la presidencia del Consorcio, que ostenta el socialista Francisco Vaca, rechaza las acusaciones de CSIF, SBC y SAB de que “ha engañado y mentido” a los trabajadores; “es rotundamente falso, su única pretensión es la de posicionar con oscuras artes a los bomberos de la provincia, para generar un clima de crispación totalmente ficticio”.
“la única pretensión de estos tres sindicatos es la de posicionar con oscuras artes a los bomberos de la provincia, generando un clima de crispación ficticio”
En este sentido, se asegura que durante las seis sesiones de la mesa de negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio “se han llevado grandes avances y preacuerdos”, como el incremento de 90 efectivos en la plantilla operativa de forma escalonada hasta el año 2027, “lo que supone más de un 17% sobre la actual plantilla, hecho insólito en los últimos años, especialmente, en esta época de crisis, donde los recortes están a la orden del día”.
“Esta oferta, al menos en principio, parecía válida por parte de la parte sindical, aunque en sus propuestas se solicitaban más recursos humanos; pero -se insiste desde el Consorcio- supone un esfuerzo importantísimo y un incremento de plantilla sensible, más aún, en el contexto actual de crisis, pero suponía una clara apuesta por el servicio público, tanto desde la Diputación como desde los ayuntamientos.
Reconoce este ente provincial que sí se generó por parte de los sindicatos convocantes de la protesta de este miércoles una duda sobre la seguridad de la propuesta, solicitando la firma de un documento en el que se indicara que las cantidades aportadas “fueran usadas para bolsa de horas (horas extras) mientras no se cubriera la plantilla”; algo que para la presidencia del CBPC “mezcla temas que se corresponden con la RPT con el Acuerdo Regulador, lo cual, precisamente hace más difícil el avance en la negociación”.
“intentar conseguir por la vía de la presión, lo que puede que no sea viable, no se nos antoja como la mejor opción”
En cualquier caso, el Consorcio dice apostar “claramente” por incrementar la plantilla, “y es allí donde aplicará las aportaciones de los entes consorciados para este tema”. Y agrega que desea llegar a los máximos acuerdos posibles en la mesa de negociación abierta, “pero intentar conseguir por la vía de la presión, lo que puede que no sea viable, ni legalmente, ni económicamente, no se nos antoja como la mejor opción”.
“Los representantes sindicales que han optado por la confrontación, tienen todo su derecho a hacerlo, pero desde el Consorcio entendemos que no es el camino adecuado; primero, porque estamos actualmente negociando estos aspectos y el propio Consorcio ha demostrado su predisposición al acuerdo, poniendo sobre la mesa un ambicioso plan para ampliar la plantilla”, se sentencia.
“SON YA MUCHAS MENTIRAS E INCUMPLIMIENTOS ACUMULADOS”
En su convocatoria de manifestación, estos tres sindicatos insisten en que el presidente del ente, Francisco Vada, “engaña” a los bomberos, “ya que dijo públicamente y en mesa de negociación que iba a aprobarse en la próxima Junta General (la de este martes día 20) la ampliación de la plantilla en 90 efectivos en los próximos años”.
“No nos lo creíamos desde un principio, por eso propusimos que ese dinero que dice el presidente que pone la Diputación los años 2024 y 2025 pase a traves de Acuerdo Regulador (denunciado en tiempo y forma el pasado mes de octubre) a una bolsa de horas de una guardia más al mes y cubrir nosotros mismos esa falta de 100 bomberos que padecemos y sufrimos sustituyendola por la bolsa de horas actual hasta que entren esos 90 bomberos que ha prometido y no se pierda así ese dinero como ya ha pasado infinidad de ocasiones como por ejemplo el dinero de Unespa; pero es que ni siquiera, aunque sirva para poco, va a cumplir con lo que dijo”, se expone.
“EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN HA SIDO ARROGANTE Y PREPOTENTE”
“La entrada, forzada o no, de funcionarios que reclaman sus derechos en la Diputación es algo que se ha venido repitiendo históricamente, a las hemerotecas nos remitimos, por lo tanto es el señor Trump quien nos ha copiado”, replican CSIF, SBC y SAB en un comunicado conjunto ante las acusaciones del Consorcio.
“Ahora está de moda llamar a los jóvenes ‘la generación de cristal’, a lo mejor son los políticos los que ahora tienen la piel muy fina”, replican estos sindicatos, afeando la actitud del presidente de la Diputación gaditana, Juan Carlos Ruiz Boix, negándose a recibir a los representantes de los trabajadores: “ha sido arrogante y prepotente, sólo ha servido para echar más gasolina al fuego, máxime cuando ya nos habían atendido el resto de grupos”.
“si se hicieran las evaluaciones de riesgo de las actuaciones sobre el terreno se tendría, por imperativo legal, que casi triplicar la plantilla lo que podría replantearse a alguno de los socios abandonar este ente disoluble”
Más allá de la protesta de este miércoles, SAB, SBC y CSIF subrayan respecto a sus demandas que “queremos que se nos trate al menos en igualdad de condiciones que están los funcionarios y otros entes instrumentales de la Diputación y que se amplíe y rejuvenezca la plantilla para llegar a los mínimos de seguridad según se desprenda de las evaluaciones de riesgo. Si esto es ser trumpista pues somos trumpistas”.
En este punto se señala que la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local “establece un tope salarial a los funcionarios de los entes instrumentales como es el CBPC que dependen de la Diputación”. Así, mientras un bombero C1 cobra menos que un C2 con dedicación y disponibilidad, “en el Consorcio hay numerosos cargos que superan el límite impuesto por esta norma”. “Mientras que en nuestra administración hay cargos que cobran 1.500 euros brutos mensuales por estar disponibles y localizables, en la Diputación este concepto es el mismo para todas las categorías siendo un total de 180,51 euros mensuales; el tiempo libre con mi familia vale lo mismo que el tiempo libre del gerente con su familia. Que conste que nosotros no cobramos esos conceptos”, se anota.
Y en cuanto a la falta de personal, se reitera que el CBPC “incumple a sabiendas” la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (“y otras cuestiones de seguridad laboral”) con el fin de “mantener bajo el presupuesto”. “Si se hicieran las evaluaciones de riesgo de las actuaciones sobre el terreno -se sentencia- se tendría, por imperativo legal, que casi triplicar la plantilla lo que podría replantearse a alguno de los socios abandonar este ente disoluble, y si esto pasara y el Consorcio se disolviera, los bomberos pasaríamos a los respectivos ayuntamientos y a la Diputación en la fórmula administrativa que fuera integrándonos en las diferentes RPT y acuerdos sindicales de las diferentes administraciones. Pero ¿qué pasaría con aquellos que superan el tope salarial que impone la referida Ley?”.
