El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, se reunirá con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para solicitar amparo ante el “bloqueo” que mantiene al bono social eléctrico de Eléctrica de Cádiz el concejal del PP, José Blas Fernández, quien como presidente de la Fundación de esta empresa mixta se niega a firmar el respectivo convenio. La reunión entre el alcalde y el Defensor del Pueblo Andaluz se llevará a cabo en Sevilla el martes 5 de diciembre.
“Es inadmisible que a finales de noviembre, a las puertas de una ola de frío, 2.000 familias gaditanas sigan esperando a que este edil, al que no le queda excusa alguna, tenga a bien firmar de una vez”, lamenta González Santos en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Por nuestra parte iremos a donde haga falta y haremos cuanto esté en nuestras manos para mejorar las condiciones de vida de estas 2.000 familias gaditanas”, ha insistido el alcalde de Por Cádiz sí se puede. En concreto, esta iniciativa persigue asegurar un suministro básico de energía a las familias vulnerables de la ciudad y acabar con la “mendicidad energética”.
Recuerda que pese a que este bono social contaba con el aval de un informe jurídico encargado por Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández ha dilatado este proceso desde principios de julio. Incluso, solicitó a una consultora externa otro informe más y cuyo resultado no sólo recogía la viabilidad del bono, sino que ponía en relieve una “dejación de funciones como presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz”.
Por ello, José María González considera necesario trasladar la situación y solicitar amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.
La necesidad de este bono social propio se derivaba de que en la capital gaditana el 80% de las familias tienen su suministro eléctrico con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal (sólo las comercializadoras de referencia pueden facilitar el bono estatal).
El proyecto tiene su origen en una reivindicación de los colectivos sociales que presentaron miles de firmas en 2014 para su creación, y se convirtió en compromiso de todos los partidos políticos del Ayuntamiento, también del PP, gracias a un acuerdo plenario de octubre de 2015. En ese mismo pleno se proponía crear la Mesa contra la Pobreza Energética, donde las organizaciones participaran en la elaboración de cómo sería el bono social gaditano.
Aun con el bono –medida aprobada en el seno de la empresa a finales de junio-, el Ayuntamiento mantendría una partida para el pago excepcional de facturas; mas con el bono lo que se pretende asegurar es que las familias “dejen de mendigar por ayuda, mes tras mes. Se trata de asegurar un derecho y dignificar su situación, y de hacerlo con la colaboración solidaria de los socios de Eléctrica de Cádiz”.
