La sociedad municipal Cádiz 2000 ha celebrado este lunes Junta General a petición del PP, que persiste en su intento por revertir la remunicipalización de los servicios de playas ya efectiva. Y parte de estos concejales de la derecha no se han cortado a la hora de insultar al alcalde, José María González ‘Kichi’, tras dejar sobre la mesa, a la espera de informes de Recursos Humanos, Intervención y Tesorería, la propuesta de paralización del proceso. Así, Ignacio Romaní ha increpado al primer edil acusándole de “abuso de poder”, y le ha llamado “cobarde” y “cacique”. Y la exalcaldesa Teófila Martínez se habrá quedado a gusto tildándolo de “fascista”.
En concreto, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, esta Junta General de la empresa del Ayuntamiento que está asumiendo la gestión y personal de los hasta el pasado verano servicios privatizados de limpieza de módulos de playa, limpieza de la arena y salvamento y socorrismo, ha decidido solicitar al jefe de Recursos Humanos del Consistorio un informe “sobre la situación en la que deberían quedar las trabajadoras ya subrogadas de manera unilateral por el presidente de la sociedad Cádiz 2000 para que -como actores de buena fe- no resulten perjudicadas hasta la adjudicación del servicio a otra empresa”.
Y asimismo, se ha acordado también la solicitud a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal de un informe “sobre la existencia o no de transferencia de crédito a Cádiz 2000 para hacer frente a las nuevas obligaciones contraídas por el presidente de la misma. Que se detalle en el informe la cuantía y la partida municipal de donde sale y que se determine si la sociedad Cádiz 2000 acordó solicitar dicha transferencia de crédito”.
Ambas propuestas han sido respaldadas por todos los grupos de la oposición (PP, PSOE y Cs) y han recibido los votos en contra del equipo de Gobierno, ya que como ha explicado el concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, “sí somos favorables a la elaboración de esos informes, pero no podemos apoyar dos puntos que emiten un juicio de valor”.
Durante el debate de estos dos puntos, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha anunciado que este mismo lunes ha denunciado las “irregularidades en todo el proceso de remunicipalización” al Tribunal de Cuentas. Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, ha criticado al Gobierno local por no haber presentado previamente estos informes que se les ha requerido ahora en la Junta General. Y el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha lamentado “no tener claro hoy cuál es la situación laboral en la que se van a quedar los trabajadores y si la empresa va a tener dinero para pagarles”.
LOS OTROS DOS PUNTOS A LA ESPERA DE LOS INFORMES
La Junta General también contemplaba debatir sobre otros dos puntos que se han dejado sobre la mesa porque así lo ha dictaminado el alcalde, como presidente de la misma. Esos puntos son los de: “paralización de las actuaciones realizadas a partir del 28 de agosto por el presidente de la sociedad sin el mandato expreso de la Junta General ni el consejo de administración, y que están relacionadas con el proceso de municipalización de los servicios de playas” y el “acuerdo sobre el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial de la sociedad Cádiz 2000 al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación, en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del consejo ni de la junta de accionistas. Todo ello con la reserva de las acciones legales que se puedan determinar en el futuro en cualquiera de sus ámbitos por las acciones realizadas por el presidente y que hayan podido causar menoscabo a la entidad”.
“Habiéndose aprobado la solicitud de estos informes, y haciendo mía la solicitud del PSOE de la elaboración de esos informes, se dejan sobre la mesa la solicitud de esos dos puntos y se abordarán cuando tengamos los informes pertinentes”, afirmaba González Santos. Y ello, en base al artículo 64 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento ha aclarado que el artículo 14 de los estatutos de la sociedad establece que “el funcionamiento de la Junta se regirá por los preceptos de la Ley Reguladora de Base en Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Sabemos que el Reglamento Orgánico está por encima de este reglamento y, por tanto, el artículo 64 establece que ‘cualquier concejal podrá solicitar que la propuesta se retire, quedando sobre la mesa, y en tal caso el presidente podrá sin más, así declararlo’. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que se proceda a dejar esos puntos sobre la mesa”.
Para el PP “no permitir al Consejo de una empresa pública debatir y votar un punto de un orden del día que ha sido convocado a petición de un tercio de los consejeros es una aberración. Es hurtar a esos consejeros, que lo son en calidad de concejales electos, un derecho fundamental: ¿para qué ofrece la ley la posibilidad a un tercio de los consejeros de convocar un consejo con una serie de puntos si el presidente tuviera la potestad de retirarlos? Es un sinsentido y, como poco, una irregularidad”.
A decir de Romaní, “la gravedad de lo ocurrido es que según el alcalde él tiene la potestad de eliminar del pleno cualquier moción de la oposición y para ello solo necesita que se lo pida un concejal, aunque no sea del grupo proponente”. La derecha amenaza ya con solicitar de la Secretaría General un informe “explícito” sobre lo ocurrido este lunes: “vamos a tomar medidas legales y llegaremos adonde haga falta. No vamos a permitir un atropello de este calibre”.
Interpreta el portavoz de los conservadores que “la artimaña del alcalde buscaba que los trabajadores presentes no supieran que la municipalización que están llevando a cabo va en su contra. Ya quedó patente en los primeros puntos que nadie les asegura la continuidad en sus puestos de trabajo, que están condenados a no tener mejoras salariales y que nadie ha previsto de dónde va a sacar el dinero el Ayuntamiento para asumir este desastre”. “Lo único que ha hecho hoy es encubrir a De la Fuente, que sabe perfectamente que se ha metido en un gran lío”, sentencia Romaní.
Pero hay más, los concejales populares han solicitado otra vez que se convoque “de urgencia” un nuevo Consejo de Cádiz 2000 para abordar los puntos que “el alcalde ha impedido votar”.
“EL PP, MÁS CERCANO A UNA BANDA DE MATONES QUE A UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA”
Esta decisión es la que ha levantado gran indignación en la bancada popular, que ha comenzado a desahogarse y a insultar al primer edil de Por Cádiz sí se puede, que ya ha lamentado la “actitud violenta” protagonizada por los conservadores ante su nuevo intento fallido de frenar el proceso de municipalización.
Desde el Ayuntamiento se relata que una vez levantado el acta de la Junta General de Cádiz 2000, la edil Teófila Martínez ha increpado al regidor con los términos “fascista y cacique” al tiempo que el portavoz Ignacio Romaní le acusaba de “cobarde”.
González Santos defiende que este “espectáculo lamentable” se ha producido simplemente porque “yo, como presidente de la Junta General, he dejado sobre la mesa dos de los cuatro puntos del día a la espera de los informes a los que están sujetos, algo a lo que tengo potestad como presidente”. Una medida que el alcalde de la ciudad considera “de sentido común y razonable”.
Sin embargo, la derecha “ha reaccionado con insultos y una pérdida de modales con la que se parecía más a una banda de matones que a una organización política”. El alcalde espera que el PP y, en especial, Teófila Martínez recapaciten: “que imaginen si hubiera niñas y niños viendo esta Junta por televisión. ¿Esta es la clase de ejemplos que quieren dar?”.
Comprende el primer edil que el principal partido de la oposición, más partidario de la privatización, “les fastidie que el proceso de municipalización cuente con más de 25 informes que lo aseguran y lo avalan”. Sin embargo, “esto no es motivo para perder los papeles y tener una actitud tan alejada a lo que debe ser un partido democrático”.
NUMEROSOS COLECTIVOS VUELVEN A APOYAR LA REMUNICIPALIZACIÓN
Y en las horas previas a esta Junta General de Cádiz 2000, diferentes colectivos, entidades, asociaciones, partidos, sindicatos y delegados sindicales de variadas empresas hacían público un comunicado expresando su “apoyo absoluto” a un proceso “necesario y justo que va en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en general”.
Con este escrito, se denunciaba la “lamentable” actitud del PP que “no contento con gobernar durante 20 años beneficiando a unos pocos; ahora intenta por activa y por pasiva frenar el proceso de municipalización. Utilizando incluso a la Subdelegación del Gobierno para lograr por la vía judicial lo que ha perdido por la vía política y social”. Al tiempo, se alaba al PSOE “para que deje de mirar de perfil ante esta cuestión; no puede tener una actitud ambigua cuando de recuperar lo público se trata”. Además, se subrayaba que “resulta una incongruencia que los socialistas se permitan votar a favor en el pleno para su aprobación y al mismo tiempo contribuyan con su voto a paralizar el proceso”.
“Porque creemos en lo público defendemos las municipalizaciones y pedimos a los partidos políticos que tengan en cuenta el interés general y no sus intereses partidistas o los intereses económicos de las empresas privadas a la hora de votar en la Junta General de Cádiz 2000”, sentenciaban en su escritos los colectivos y organizaciones firmantes.
