La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, ya en el actual mandato con el PP en el Gobierno local, “está incurriendo en un posible fraude en la contratación pública”. Lo denuncia Adelante Izquierda Gaditana tras indagar en la documentación existente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El concejal izquierdista Demetrio Quirós señala que, según dicha documentación, la Fundación Municipal de Cultura (ya con Maite González como concejala responsable) “ha suscrito contratos menores que superan el umbral máximo establecido en la Ley para este tipo de contratos”, o sea 40.000 euros en el caso de obras y 15.000 euros en el caso de suministros y servicios.
“De hecho, tanto a final de 2023 como ya en 2024 hay ejemplos de contratos menores suscritos por este organismo autónomo que superan los umbrales máximos fijados por la Ley para este tipo de contratos”, reitera Quirós en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz
Sin ofrecer ejemplos concretos, AIG deja caer sus sospechas sobre contratos de servicios que “estarían en clara situación de fraude según la documentación oficial” subida a la plataforma, “confirmándose así que es una práctica habitual de la Fundación Municipal de Cultura bajo el nuevo mandato del alcalde Bruno García”.
“ESTO RECUERDA A ÉPOCAS PASADAS DE HACER LAS COSAS DE AQUELLA MANERA PARA FAVORECER A LOS MISMOS”
Esta formación de la oposición alerta de “la gravedad de esta situación” y agrega que “el PP suele recurrir a estos subterfugios que, a veces, escapan a las normas más básicas de contratación pública como ha ocurrido por ejemplo en la Junta recientemente con los contratos fraccionados del Servicio Andaluz de Salud”.
“Es, desde luego, vergonzoso y se nota que el PP está cogiendo ya carrerilla en Cádiz, porque esto recuerda a épocas pasadas de derroche, de saltarse procedimientos y de hacer las cosas de aquella manera para favorecer siempre a los mismos”, se queja Quirós.
Al hilo, Adelante Izquierda Gaditana avanza que va a remitir a la Oficina Antifraude la documentación relativa a los contratos realizados y pagados que no cumplen la Ley. “Ya se nos había alertado de que el PP siempre fuerza la máquina, presiona mucho a los técnicos y a veces cruza líneas rojas, peligrosas, y normalmente siempre con las mismas empresas, y nosotros fiscalizaremos hasta el último céntimo que gaste el Ayuntamiento para que todo se haga conforme a la legalidad y sin saltarse los procedimientos siguiendo otros intereses que no son los públicos”, apostilla este concejal de AIG.
En definitiva, la Fundación Municipal de Cultura “se habría estado valiendo de un procedimiento que otorga más agilidad a la contratación pero libera controles y reduce la publicidad para acceder a ellos en contratos que, según Ley, no pueden hacerse bajo este paraguas legal”.
Para el presente ejercicio de 2024, el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura aprobaba meses atrás un presupuesto que ronda los 1,9 millones de euros, lo que suponía un aumento de casi el doble respecto al anterior.
