“Después de un año de mandato ni siquiera han cumplido la promesa de un Cádiz más limpio. La ciudad está más sucia y el plan de choque, que anunciaron a bombo y platillo, se ha chocado”: es la sentencia que repiten en los últimos días desde Adelante Izquierda Gaditana.
Al respecto, el concejal izquierdista Carlos Paradas recuerda que el tema de la limpieza, o más bien la falta de limpieza, “fue la gran baza del PP para ganar las elecciones”, así que “lo normal es que hubieran cumplido en lugar de invertir todos sus esfuerzos en fotos, redes sociales y propaganda”.
En este punto, esta formación ahora en la oposición se pregunta por el grado de cumplimiento del pliego de limpieza “ante el aumento latente de la suciedad en las calles de la ciudad, especialmente en los barrios obreros, aunque también en las zonas turísticas”.
Paradas ha trasladado, a través del registro municipal, la preocupación y las quejas de muchos vecinos que “están viendo como el grado de suciedad, manchas en el suelo y olor a orines se ha incrementado a lo largo de los últimos meses. Es escandaloso el estado de la ciudad que, casi doce meses después, está más deteriorada y dejada que nunca”.
En este sentido, AIG ha solicitado información al Gobierno local liderado por Bruno García sobre la planificación actual de limpieza, los criterios para seleccionar los barrios y calles, los recursos humanos actuales, así como los recursos económicos y materiales de los que se dispone, y el grado de cumplimiento de los mismos.
LA NUEVA CONTRATA CUMPLE MÁS DE UN AÑO
Una de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo del PP en el Ayuntamiento hace un año fue precisamente activar un nuevo plan de choque de limpieza durante el verano (meses antes ya se había lanzado otro plan similar por parte del ejecutivo izquierdista). La derecha decía entonces cumplir con una de sus promesas en campaña electoral.
En ambos casos, este refuerzo temporal de la limpieza fue posible gracias a que en febrero de 2023 al fin se lograba reemplazar a la caduca contrata de basuras, tras un problemático y eternizado proceso de adjudicación del servicio, adjudicado finalmente a Valoriza por diez años, con un coste total de 148 millones de euros (casi 164 millones, con IVA, prácticamente lo mismo que ya se estaba pagando a la anterior UTE Sufi-Cointer). El PP, desde la bancada de la oposición, votó siempre en contra.
