El consejo de administración de Aguas de Cádiz ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros, también los del PP, garantizar que nadie en la ciudad, por no poder abonar sus facturas, se quede sin suministro; y como novedad, que no tenga que acudir todos los meses a pedir ayudas a los Servicios Sociales. Esta medida estará disponible a partir del 1 de julio y se costeará con cargo al fondo social solidario de esta empresa municipal, que en 2016 obtuvo un beneficio de 780.000 euros. El PP, por su lado, asegura que ha apoyado “una medida que viene a empeorar el sistema que estaba implantado”.
El consejo de administración de Aguas de Cádiz ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros, también los del PP -aunque parece que sin convicción alguna-, garantizar que nadie en la ciudad, por no poder abonar sus facturas, se quede sin suministro: el llamado bono social del agua; o lo que es lo mismo, se ha dado el visto bueno al procedimiento para la garantía del derecho humano al agua, el suministro mínimo vital y un fondo social solidario para familias en exclusión social.
Se trata de una medida novedosa que va más allá de las ayudas a los pagos de los recibos del agua –que lleva años realizándose desde el Consistorio- puesto que, en caso de exclusión social, la concesión del suministro mínimo vital subvencionará el pago de los conceptos bonificables de la factura durante un periodo inicial de 12 meses revisable a los 6, a partir de la fecha de aprobación de la ayuda solicitada. Esto significa que los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos no tendrán que acudir a las dependencias de Aguas de Cádiz o de los Servicios Sociales cada vez que reciban una factura.
De hecho, el objetivo de esta medida es que los clientes que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con problemas económicos transitorios, y de las que la empresa municipal Aguas de Cádiz tenga conocimiento, bien a través de los Servicios Sociales municipales o bien a través de su servicio de atención al cliente, no sufran interrupción o corte del agua en su vivienda habitual.
Aguas de Cádiz ha cuantificado el suministro mínimo vital en 100 litros por persona y día, o lo que es lo mismo, 6 metros cúbicos por persona y factura bimestral.
Estas ayudas estarán disponibles a partir del 1 de julio y serán con cargo al fondo social solidario de Aguas de Cádiz, hasta agotar la partida anual de 300.000 euros prevista para esta medida de acción social, se subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Por otra parte, el procedimiento aprobado este martes también establece otras medidas para paliar los problemas transitorios económicos de los vecinos. En estos casos, las personas o unidades familiares en esta situación podrán solicitar aplazamientos, fraccionamientos y planes de pago personalizados que se gestionarán en las oficias de Aguas de Cádiz.
Los mecanismos a seguir se han determinado en coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y recogen las aportaciones y peticiones de los colectivos sociales, económicos y profesionales de la ciudad durante el proceso participativo que Aguas de Cádiz ha abierto para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2027, concretamente en las sesiones de diagnóstico celebradas durante el mes de marzo y en la mesa para la garantía del agua celebrada en abril.
780.000 EUROS DE BENEFICIO EN 2016
Por otra parte, en este consejo de administración se ha dado cuenta de los datos estadísticos de ingresos y gastos y de facturación del año 2016. El total de ingresos ha sido casi 18,5 millones de euros y el de gastos ha sido de algo más de 17,6 millones, con lo que se ha conseguido un beneficio de más de 780.000 euros que esta empresa municipal asegura que va a destinar a mejorar el servicio público que ofrece.
“CUMPLIMOS UN COMPROMISO SOCIAL Y LO ACORDADO EN EL PLENO”
El presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ha mostrado su satisfacción por la aprobación y por unanimidad, de esta medida social: “una gran noticia para la ciudad porque garantiza el derecho humano al agua a las personas y familias que se encuentran en exclusión social, para que puedan tener sus necesidades vitales cubiertas y no sufran ningún corte de agua en sus viviendas”.
Para este edil de Por Cádiz sí se puede, con esta iniciativa, “desde el equipo de Gobierno municipal damos cumplimiento al compromiso social que adquirimos con los ciudadanos para que no sufran ni un solo corte de agua más por problemas económicos y, al mismo tiempo, con el acuerdo plenario en el que nos comprometimos a elaborar un procedimiento ágil y eficaz para hacer frente al pago por el consumo de agua sin tener que ir a otras instancias”. En este acuerdo se acordó también reconocer el mínimo vital.
EL PP REVELA QUE VOTÓ A FAVOR DE “UN DISPARATE”
Mientras, los tres consejeros del PP en el consejo de administración de Aguas de Cádiz aseguran que votaron a favor de la iniciativa “de manera condicionada a que se elimine de dicho procedimiento la obligación que se exige a los inquilinos de contar con autorización del arrendatario para solicitar el suministro vital básico en caso de no ser titular del contrato”.
A juicio del portavoz municipal popular, Ignacio Romaní, el procedimiento aprobado –también por su partido- “vienen a poner trabas a las familias sin recursos de la ciudad”; e incide en que “la obligatoriedad para un inquilino que no puede pagar el agua a contar con la autorización del propietario es un disparate”.
Lo “peor” de esta condición, según la derecha local, es que se “establecen excepcionalidades” a criterio de Servicios Sociales. Una excepcionalidad que –siempre según la apreciación del PP- “no podrá alegarse si el arrendador ya hubiere iniciado procedimiento de desahucio”.
De este modo, el principal partido de la oposición opina que esta iniciativa –aprobado por todos los consejeros, también los suyos- “supone un paso atrás en la atención a las familias”, y repite que su apoyo “está condicionado a que, tal y como se comprometieron en el consejo, se revisen esas condiciones y se garantice el pago total de la factura de agua a las familias sin recursos, tal y como se hacía antes, y no solo los conceptos subvencionables”.
“Es lamentable que Podemos venda como la panacea del derecho universal de acceso al agua una medida que viene a empeorar el sistema que estaba implantado en Cádiz”, apostilla Romaní.
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