Agaden, que respalda al SUP y sus denuncias, ha mostrado su “más profundo malestar” ante la actuación de las administraciones públicas con respecto al edificio de la Comisaría de la Policía Nacional en Cádiz, que desde hace meses está envuelta en una controvertida obra de rehabilitación, que ha descubierto problemas estructurales y la presencia de amianto. No entiende la “lentitud exasperante” con la que se esta procediendo ni la “no decisión urgente” de trasladar a todos los trabajadores.
La Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden) ha mostrado su “más profundo malestar” ante la actuación de las administraciones públicas implicadas en la gestión de la inspección técnica en el edificio de la Comisaría de la Policía Nacional, que desde hace meses está envuelta en una controvertida obra de rehabilitación, en la que el Ministerio del Interior invierte más de 800.000 euros.
Además de la incomodidad de tener que trabajar entre puntales, como han denunciado repetidamente sindicatos, las obras han puesto al descubierto tuberías con amianto, que han obligado a precintar la mitad de las instalaciones y a reagrupar a la plantilla. De hecho, semanas atrás desde el Gobierno central ya se admitía que habría que trasladar las dependencias durante los trabajos y se eligió el edificio de Telefónica, pero poco más se ha sabido de esta mudanza.
Agaden, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, entiende que la presencia de amianto que se ha encontrado en el inmueble “supone un grave peligro para la salud y la integridad física de todos los agentes y funcionarios que trabajan en el edificio y también para todos los ciudadanos que acuden a estas dependencias”. El amianto es una sustancia de una gran toxicidad y peligrosidad para la salud de las personas que actualmente esta prohibida en España.
Por otra parte, los fallos estructurales que ha presentado el edificio tras la inspección técnica, “justifican por si solos el traslado de todo el personal y las dependencias a otro espacio mas seguro”, insiste este colectivo ecologista.
Por todo ello, Agaden expresa su “total apoyo” al Sindicato Unificado de la Policía (SUP) que “no ha dudado en denunciar ante distintas administraciones esta deplorable situación y sigue luchando en defensa de los derechos de los agentes y trabajadores, que trabajan en el edificio contaminado”.
No entiende esta asociación la “lentitud exasperante” con la que se esta procediendo ni la “no decisión urgente” de trasladar a todos los trabajadores desde el instante en que se conoció la presencia del material tóxico en el edificio. “La falta de recursos económicos (verdadero problema que se esconde tras la falta de iniciativa de las administraciones estatales y autonómicas, ante el problema del amianto) nunca debería prevalecer sobre el derecho a la salud de la población”, se apostilla.
Por todo ello, Agaden ha remitido sendos escritos a las consejerías de Salud y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, solicitando: que se retiren cuanto antes todos los restos de amianto presentes en la Comisaría; que la retirada de dichos residuos sea llevada a cabo por una empresa autorizada y especializada en la retirada de residuos peligrosos; que en dicha retirada se extremen las medidas de seguridad, para preservar la salud y la integridad física de los operarios que realicen tal labor; que se proceda a la demolición del inmueble, extremando las medidas de seguridad y protección, no solo de los operarios, sino también de los vecinos del área circundante; y que se proceda al tratamiento, aislamiento y depósito de dichos residuos con la mayor brevedad posible, en un vertedero autorizado de residuos peligrosos.
Del mismo modo, el colectivo verde también ha remitido un escrito al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), poniendo en su conocimiento estos hechos y solicitando su intervención y supervisión, de todas las medidas solicitadas a la administración autonómica.
Agaden considera que la contaminación del amianto en el edificio de la Comisaría, en plena avenida de la capital gaditana, “se inscribe en una problemática mucho más amplia, que presenta una enorme cantidad de edificios de todo tipo, que todavía tienen amianto en numerosos componentes de su edificación”. Uno de los casos “más preocupantes” es el de los edificios educativos, como el caso del colegio Reggio de Puerto Real, que ha levantado a padres y docentes. A este respecto, esta entidad avanza que presentará en breve una solicitud al respecto a la consejerías de Educación y Salud.
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