Se instalarán una treintena de puntos de control al casco histórico y paseo marítimo, así como otros en los accesos a la capital gaditana. El contrato se ha adjudicado por 2,3 millones de euros recurriendo a fondos europeos. En paralelo, el Ayuntamiento trabajará en la nueva ordenanza con la Mesa de la Movilidad.
La empresa Tecnologías Viales aplicadas TEVA se ha adjudicado el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Cádiz.
Este proyecto, presupuestado en más de 2,3 millones de euros (costeado con fondos europeos Next Generation logrados por el Ayuntamiento), contempla la instalación de 33 puntos de control de acceso en casco antiguo y el paseo marítimo (sólo se permitirá el llamado tráfico de necesidad: personas usuarias garaje, residentes con tarjeta de zona verde, mercancías en el horario establecido, servicio público y vehículos de emergencias), así como nueve puntos de control y aforo en la entrada a la circunvalación de intramuros y en cada entrada a la capital (por Cortadura -puente Carranza y la autovía CA-33, y por la zona de la Bahía -el segundo puente-).
“Con esta adjudicación, el Ayuntamiento avanza de forma contundente en los objetivos de reducción de emisiones, comprometidos en el Pacto de los Alcaldes por el Clima, la Ley de Transición Ecológica y el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad”, remarca el concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Al respecto, aclara que “no se trata sólo de limitar el paso a vehículos contaminantes, sino de mantener las restricciones de uso que actualmente ya existen en estos espacios para que la Zona de Bajas Emisiones, sea también una zona de bienestar. No se trata de permitir la entrada indiscriminada si el vehículo es eléctrico, sino de que el vehículo de necesidad transite de forma paulatina a vehículos no contaminantes”. De este modo, con este proyecto “podremos controlar con mayor efectividad los accesos y fomentar esta tan necesaria transición”.
Vila incide en que con este contrato, “no solamente se garantiza la infraestructura necesaria para implementar la Zona de Bajas Emisiones, sino la puesta en marcha del servicio y la campaña de información y comunicación previa para dar a conocer todos los detalles y formas de funcionar de la misma”.
SIN TEMOR A MULTAS, SI HAY JUSTIFICACIÓN
La intención municipal es “alcanzar los objetivos planteados en cuanto a reducción de emisiones y de mejora del espacio público, pero también dar el salto tecnológico y mejorar la atención ciudadana para que la gestión de permisos de accesos y de usos pueda ser prácticamente a tiempo real”.
“Ya avanzamos que el modelo que vamos a seguir es el de declaración responsable, por lo que cualquier entrada de las previstas pueda hacerse sin el temor a que recaiga la sanción ya que se dispondrá de un plazo para que el vecino pueda justificar el acceso a esta zona”, añade este edil izquierdista.
Conjuntamente a esta iniciativa, el Ayuntamiento gaditano va a seguir trabajando “en la elaboración de la ordenanza tan necesaria, y que va desarrollándose en paralelo, con la participación de la Mesa de Movilidad donde están representados todos los grupos políticos y asociaciones y colectivos, y en la que se refrendaron precisamente estas medidas”.
