La controvertida decisión del nuevo equipo de Gobierno gaditano del PP de reabrir al tráfico rodado la calle Veedor llegará al pleno ordinario de noviembre. Adelante Izquierda Gaditana pedirá los informes técnicos en los que dice haberse apoyado el Ejecutivo de Bruno García para revertir la peatonalización de esta céntrica vía.
De este modo, mediante una pregunta en pleno, va a reclamar documentación para analizar qué normativa legal ampara el cambio que supone abrir al tráfico esta calle ya peatonalizada y para comprobar si con esta medida se cumplen los criterios de seguridad y accesibilidad contemplados en la legislación actual.
En este sentido, la coalición izquierdista recuerda que las peatonalizaciones impulsadas por el anterior gobierno local liderado por José María González ‘Kichi’ en el entorno de Beni de Cádiz, Mentidero y Veedor contaron en su día con informes técnicos que avalaban la medida por cuestiones de seguridad y accesibilidad.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de AIG, Lola Cazalilla, explica que lo que se pretende es “analizar el grado de rigor que maneja el equipo de Gobierno para tomar decisiones que afectan tanto a la seguridad, a la accesibilidad y a la movilidad en la ciudad, devolviéndola a un modelo caduco, pasado, que entraña numerosos perjuicios y que va contra las dinámicas europeas respecto al entorno urbano”.
“EN QUÉ CONSISTE EL CONSENSO QUE RECABÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL RESPECTO A REABRIR AL TRÁFICO LA CALLE”
Igualmente, se planteará otra pregunta al próximo pleno para conocer cuáles son los beneficios en seguridad y accesibilidad para las personas, y en especial para los niños del colegio Carlos III, que entraña esta reapertura al paso de coches y motos.
Pero además, este partido de la oposición cuestionará sobre en qué consiste el “consenso” que recabó el Gobierno municipal del PP respecto a la medida “ya que, pese a que el alcalde, Bruno García, dijo públicamente a los medios de comunicación que se trataba de una medida consensuada, lo cierto es que poco después han surgido pronunciamientos en contra de la medida por parte de la comunidad educativa del colegio Carlos III, así como de comerciantes y hosteleros de las zonas afectadas”.
