La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a los cinco integrantes de Valcárcel Recuperado, revocando así el fallo del Juzgado de lo Penal, que les acusó de liderar en junio de 2011 la ocupación de este BIC entonces y ahora abandonado a su suerte. Basa su decisión en el estado que presentaba el inmueble cuando fue abierto a la ciudadanía por los activistas; quienes sacan como conclusión que “es legítimo, y ahora sabemos que no es punible organizarse contra las injusticias, aunque esto implique desobediencia civil y no acatar las normas preestablecidas. Se trataba desde un principio de darle un uso social al edificio y hacerlo invitando a cualquiera a la gestión del mismo”.
En verano del año pasado se celebraba el juicio contra las cinco personas imputadas (eran seis, pero una falleció durante el proceso de instrucción) por la usurpación del antiguo colegio Valcárcel, en Cádiz. El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz condenaba a cada uno de estos activistas a pagar 520 euros, o lo que es lo mismo, 6 euros al día durante tres meses. Se les acusó de liderar en junio de 2011 la ocupación de este edificio entonces y ahora abandonado a su suerte, en el que se proyectó construir un hotel de lujo, frustrado por la crisis-estafa.
Se recurrió la sentencia y ahora se acaba de conocer que la Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a estos cinco integrantes del colectivo Valcárcel Recuperado, revocando así el fallo del Juzgado de lo Penal. Basa principalmente su decisión en el estado que presentaba el inmueble cuando fue abierto a la ciudadanía por los activistas.
La actividad autogestionada por parte de Valcárcel Recuperado se mantuvo durante más de seis meses, además de con tareas de mantenimiento, con asambleas, cine de verano, una escuela para niños, biblioteca, ensayos de agrupaciones de carnaval, actividades deportivas, taller de costura, clases de idiomas, comedor social… “y un sinfín de usos por parte de las personas y colectivos que de uno u otro modo formaron parte de Valcárcel Recuperado”, hasta que la Policía Nacional, en una mañana de enero de 2012, desalojó el edificio, en el que no había nadie, ya que no se trataba de una okupación, y lo volvió a cerrar. Y cerrado sigue.
“Cuando estamos ante fincas o inmuebles respecto de los que forma palmaria y manifiesta el titular no ejercita el derecho posesorio, el delito no puede existir”, anota la Audiencia Provincia, agregando que “es el propio titular el que la ha puesto en riesgo renunciando a unas mínimas medidas de protección, exclusión y conservación”.
“UNA VICTORIA”
Para Valcárcel Recuperado, la sentencia de absolución “no hace sino confirmar que teníamos razón desde un principio” se remarca en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz. “No es que la necesitásemos, porque estábamos convencidos de ello; pero siempre está bien que quede por escrito y asumido por la judicatura: no puede ser delito rescatar un edificio, un Bien de Interés Cultural (BIC) para más inri, del abandono al que le somete la especulación, y hacerlo, además, de forma horizontal, autogestionaria y abierta a todo quien quiera participar. El derecho de la propiedad privada no es omnímodo”, se apostilla.
El colectivo tiene claro que esta sentencia de la Audiencia Provincial es “una victoria”. “Una victoria de todas aquellas personas y colectivos que, tanto desde la propia ciudad, como desde la provincia o incluso más allá, se interesaron por el proyecto, mostrando su interés y se implicaron en él en mayor o menor medida. Con especial mención a aquellos que siguieron apoyando y no se desvincularon durante los cuatro años de travesía en el desierto judicial. Más allá, es una victoria para la ciudadanía que se organiza y lucha por conseguir una sociedad más justa”.
Y se subraya, en base a este nuevo fallo, que “es legítimo, y ahora sabemos que no es punible organizarse contra las injusticias, aunque esto implique desobediencia civil y no acatar las normas preestablecidas. La lucha abre el camino a la mejora de la sociedad. Hacerlo de forma plural, abierta, horizontal y autogestionariamente, además, da un plus de legitimidad: no se arrebata de las manos de los especuladores para convertir el espacio en algo privativo tuyo. Se trataba desde un principio de darle un uso social al edificio y hacerlo invitando a cualquiera a la gestión del mismo”.
“No hacíamos mal, todo lo contrario, mal hicieron quienes durante los 10 años precedentes a nuestra entrada (y los cuatro que van desde nuestro desalojo), han condenado a Valcárcel al abandono”, se insiste. Y se aprovecha para recordar que esta problemática del abandono, en la capital gaditana, “no es exclusiva de Valcárcel. La ciudad está llena de edificios abandonados por la malicia especulativa y por la dejadez de las administraciones”.
Finalmente el colectivo se ha pronunciado sobre el futuro de Valcárcel: ahora se supone que se trabaja para que la Universidad de Cádiz pueda instalar en este BIC, una vez que se revierta su propiedad a la Diputación –sigue en manos de la promotora privada Zaragoza Urbana- la facultad de Ciencias de la Educación, actualmente en Puerto Real. “No tenemos ninguna postura común. Más allá de tener claro que no queremos para este emblemático edificio un uso privado ni privativo. Sea cual sea su uso futuro, debe estar abierto para el disfrute y uso de las personas, sin que medie el enriquecimiento de nadie en particular”, señalan desde la plataforma, que no olvida que todavía está pendiente de recuperar enseres que colectivos y personas aportaron al proyecto, durante la ocupación, y que desde el desalojo han estado secuestrados.
Por otro lado, se recuerda que sigue abierta la causa a otros dos compañeros acusados por los sucesos de la Facultad de Filosofía y Letras acaecidos tras el desalojo: “por la agresión policial gratuita que sufrieron, ya que en una inversión de responsabilidades descarada se les acusa de resistencia a la autoridad. Estamos seguros de que saldrán absueltos, porque así tiene que ser, ya que son inocentes”.
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