El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha ordenado investigar, tras la denuncia presentada por concejales de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común en el Ayuntamiento de la capital, la extraña relación entre el llamado Observatorio de Responsabilidad Social, su responsable que a la vez fue el director de la tesis de Ignacio Romaní, y los pagos a la entidad desde Aguas de Cádiz, empresa municipal por entonces presidida por dicho concejal del PP. Se busca dilucidar presuntos delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y prevaricación contra el político y el profesor.
Los cuatro representantes del Gobierno local en el consejo de Aguas de Cádiz presentaron a mediados de junio esta denuncia en el juzgado por el pago de 42.000 euros desde esta empresa municipal al Observatorio dirigido por el profesor Guillén, entre 2011 y 2015, que en esos años también fue director de la tesis del popular Romaní, entonces presidente de la sociedad. Se procedía de esta manera después de que el PSOE elevara los mismos hechos a la fiscalía apenas unos días antes. “Ante una situación así no vale ni amenazar como suele hacer el PP, ni ponerse de perfil por miedo a Romaní como ha hecho el PSOE para no salpicarse”, afirma entonces el presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente.
Aguas de Cádiz celebraba por entonces un consejo de administración para abordar el informe jurídico interno elaborado sobre este oscuro asunto. Este informe intuye hasta cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. A lo que se sumaba que la Universidad de Cádiz se ha desvinculado totalmente del supuesto trabajo que esta entidad liderada por Guillén hizo para Aguas de Cádiz años atrás, con Teófila Martínez todavía de alcaldesa, ofreciendo sus servicios utilizando en una carta el membrete de la UCA.
El departamento jurídico de Aguas de Cádiz instaba a partir de estas conclusiones a poner en conocimiento de la autoridad judicial por la vía contable y por la vía penal. Pero dicho consejo de administración no terminó de ponerse de acuerdo sobre ello: los tres representantes del PSOE se abstuvieron en el punto sobre “poner en conocimiento de la Autoridad Judicial los hechos” y pidieron que se votara otro punto en el que abogaban por ir a fiscalía, punto que contó con la abstención del equipo de Gobierno, por lo que no prosperó ninguno de los dos. Así que la empresa municipal queda al margen, y cada parte (el Gobierno local por un lado y el PSOE por el otro), han actuado seguidamente presentando una denuncia los primeros, y yendo a la fiscalía, los segundos.
“LLEGAR HASTA EL FINAL”
El equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’, tras el paso dado por el Juzgado de Instrucción, confía en que “se investigue en qué se gastó hasta el último euro pagado al Observatorio de Responsabilidad Social durante la etapa de la presidencia del actual concejal y portavoz del PP”.
Tras conocer la apertura de las diligencias previas en la que también se ha dado cuenta al Ministerio Fiscal de la admisión de la denuncia presentada por los cuatro representantes del bipartito en el consejo y en la Fundación Aguas de Cádiz, se ha mostrado la intención de “llegar hasta el final del asunto para saber el uso que tuvieron los 42.000 euros procedentes de la empresa municipal al Observatorio que dirigía el director de la tesis de Romaní”.
“Nos alegramos de que se vaya a investigar judicialmente gracias a la denuncia que presentamos los cuatro representantes del equipo de Gobierno”, se insiste en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. Igualmente, el Ejecutivo municipal ha mostrado su “total colaboración” hacia las autoridades judiciales “para aclarar todo este asunto ante la falta de explicaciones de propio Ignacio Romaní del pago ni de los trabajos que según dicen los papeles y las facturas se realizaron por parte del Observatorio en beneficio de la empresa municipal y del que no existe constancia en Aguas de Cádiz”.
