El Ayuntamiento de Chiclana ha trasladado una carta a la Junta de Andalucía, y en concreto a la delegación territorial de Fomento, demandándole la conservación de los bloques de viviendas de titularidad autonómica, así como una óptima gestión de estos inmuebles de su competencia, a fin de garantizar la seguridad de las familias y evitar la ocupación ilegal de los pisos.
En concreto, desde la empresa municipal de vivienda, Emsisa, se denuncia el mal estado de conservación de las promociones de vivienda protegida en arrendamiento, titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en La Longuera, El Arenal y Sao Paulo.
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Vivienda y vicepresidente de Emsisa, Francis Salado, asegura que “a diario se atiende desde la empresa municipal las demandas planteadas por los vecinos de estas viviendas relacionadas con el deplorable estado de conservación de las zonas comunes de los edificios, la falta absoluta de intervención social comunitaria y la precaria situación de las unidades familiares residentes, debido a las ocupaciones irregulares y venta de llaves, además del incremento de los índices de delincuencia por la falta de gestión por parte de la Junta”.
“En numerosas ocasiones hemos denunciado ante la AVRA esta complicada situación sin recibir respuesta alguna”, lamenta este edil del PSOE, quien añade que “también le hemos instado a la ejecución de actuaciones de rehabilitación, mejora de las zonas comunes y espacios exteriores, además de llevar a cabo un programa de intervención social, tal y como realizamos desde este Ayuntamiento”.
EMSISA PIDE GESTIONAR LAS VIVIENDAS DE LA JUNTA
Asimismo, desde Emsisa se propone la posibilidad de, en caso de que la Junta no cuente con los medios necesarios para llevar a cabo las actuaciones necesarias en sus bloques, se cedan estas viviendas públicas a la empresa municipal “mediante la firma del correspondiente acuerdo de colaboración”.
“De esta forma, gestionaríamos todo el proceso de adjudicación y alquiler de las viviendas, así como las actuaciones preventivas y correctivas de conservación y mantenimiento de los inmuebles”, afirma Salado.
Es más, apostilla que con este cambio de gestión más cercana “se controlaría el alquiler de las viviendas públicas y se evitaría la ocupación ilegal, posibilitando que familias demandantes de viviendas sociales puedan acceder a las mismas”.
