La plantilla de Navantia San Fernando ha salido en la mañana del viernes a la calle para mostrar su gran preocupación por la incertidumbre que se vive sobre la posibilidad de que se caiga el controvertido contrato de cinco corbetas para Arabia Saudí, negociado y prometido durante años y firmado este verano. Un encargo que supone faena, principalmente para el astillero isleño, hasta 2022.
No hay ninguna información oficial (aunque la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en una comparecencia este mismo viernes en el Congreso, ha asegurado que este contrato se mantiene e incluso ya se han recibido algunos pagos), solo lo que han lanzado algunos medios y el alarmismo al que se ha aferrado rápido el PP gaditano para atacar al PSOE (y a Podemos); y que los socialistas a nivel provincial han replicado acusando a la derecha de “pájaro de mal agüero”.
Recientemente ha trascendido la decisión del Ministerio de Defensa de dejar de vender armas (en concreto, una venta confirmada en 2015 de 400 bombas de precisión láser) a este país donde no se respetan los derechos humanos y que interviene en una cruenta guerra en Yemen que está causando miles de muertos entre la población civil, siendo ya la mayor crisis humanitaria del momento. Esas informaciones sin oficialidad alguna hablan de que Arabia habría solicitado al Gobierno español la revocación de esta cancelación para mantener el contrato de las corbetas.
A colación de estos movimientos y silencios desde Madrid (aunque el PSOE gaditano defendía hace unos días que el contrato de Navantia “es una gestión de la SEPI, y está vinculado al Ministerio de Hacienda que ha dejado muy claro que sigue su curso, mientras que el contrato de las bombas es una decisión de Defensa”), “y la repercusiones negativas que van a tener en las empresas con negocio en Arabia Saudí”, la plantilla de Navantia San Fernando decidía por la mañana, previa asamblea de trabajadores, salir en manifestación por la ciudad para mostrar su rechazo por la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez y “reivindicar la tan deseada carga de trabajo”. La protesta desembocaba en el corte durante una hora de la autovía CA-33, a la altura del puente del Gran Poder. El comité de empresa ha llegado a hablar de “cancelación inminente” de esta faena, y ya estudia movilizaciones sí se termina de confirmar esa noticia.
EL PP GADITANO ATACA A PSOE Y PODEMOS
En paralelo, el PP provincial o el mismo PP isleño, llevan días tratando de sacar rédito político de lo que podría convertirse en un duro varapalo para el sector naval de la Bahía. De hecho, este viernes todavía no había acabado la protesta de los trabajadores, y el portavoz municipal y exalcalde, José Loaiza, ya difundía una nota mostrando su “pleno apoyo” a la plantilla, lamentando “la actitud adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez”, y exigiendo a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que abandone su “silencio cómplice” y, por una vez, “dé la cara por los trabajadores de Navantia y el empleo en nuestra ciudad”.
“Es hora de la unidad, de sumar todos los esfuerzos para impedir que el PSOE y Podemos arrasen el escaso tejido industrial que tiene San Fernando y la Bahía de Cádiz. En menos de tres meses los socialistas han echado por tierra años de trabajo, de esfuerzo compartido entre la empresa, los trabajadores y el anterior gobierno del PP por dar aliento a Navantia, a La Isla y a toda la Bahía”, interpreta Loaiza; quien insiste en que Cavada “tiene que alinearse con los trabajadores y rechazar abiertamente las malas políticas del PSOE. No vale con dar su apoyo, tiene que decir qué acciones va adoptar ante su partido para que se reconduzca la situación”. La primera edil ya ha distribuido unas declaraciones mostrando su lógica preocupación, y dejando claro sus contactos al más alto nivel para interesarse por la situación.
La derecha isleña dice haber contactado ya con colectivos ciudadanos que integran el tejido económico y social local “al objeto de generar acciones de apoyo y estrategias de acción que consigan revertir la malograda política del PSOE y las corbetas se construyan en La Isla”.
Un día antes, el mismo Loaiza pero como portavoz del PP en la Diputación, había repetido el mismo argumentario pero contra que la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la institución provincial, Irene García, por no haberse pronunciado todavía sobre este asunto. Y le reclamaba “que aclare de qué parte está, si de la de los trabajadores de Navantia y la industria naval o con su presidente y sus socios de gobierno que van en contra de los intereses de la Bahía”.
Igualmente, el mismo Loaiza, que volverá a ser el alcaldable del PP en La Isla en 2019, y el candidato popular en la capital, Juan José Ortiz, se han quejado de la “ambigüedad” del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, en sus últimas declaraciones sobre este asunto. El primer edil de la agrupación de electores promovida por Podemos ha reflexionado que los astilleros de la Bahía debería apostar por reorientar su modelo para no depender de la industria militar: “es muy doloroso cuando los derechos humanos entran en colisión con otros derechos como son que suenen los pitos de las ollas en las casas de los gaditanos” (también ha redactado una tribuna libre para reiterar su posicionamiento y el PP local le ha replicado en otro artículo de opinión…).
A decir de Ortiz, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “las horas de trabajo y el número de puestos de trabajo que se han conseguido con este contrato con el país saudí no permite que todo un alcalde se ponga a realizar disquisiciones teóricas. Costó mucho al gobierno del Partido Popular sacar a Navantia del desierto de pedidos y trabajo en el que se instaló con Zapatero como para que ahora, con todo ese esfuerzo, no haya en la ciudad de Cádiz un pronunciamiento firme a favor de ese contrato”. Así, el sucesor de Teófila Martínez opina que “el problema de Podemos es que no quería el contrato de las corbetas ni reconocer que la carga de trabajo en astilleros de Cádiz la consiguió un gobierno del PP, porque en ese escenario es donde ellos pescan, en la necesidad de la gente de empleo y de sacar a su familia adelante”.
Por su lado, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha pedido a Pedro Sánchez que “rectifique” en su decisión de romper el contrato armamentístico con Arabia Saudí o la cancelación de las corbetas “supondría un golpe mortal para la industria naval y el empleo en la provincia”. Para este político jerezano, “lo que estamos viviendo es una traición imperdonable a los trabajadores de Navantia por parte del PSOE y la mayor afrenta de la historia a estos trabajadores de la Bahía”.
“Preferimos ser positivos para decir que no está todo perdido y sumarnos a quienes quieren luchar por mantener las garantías de empleo y los contratos, pero el mensaje ya se ha producido, las consecuencias están ahí. O el gobierno rectifica inmediatamente o perdemos el contrato. Estamos a tiempo de salvar la situación pero tiene que rectificar y hacerlo ya”, ha insistido este viernes Sanz.
Para el PP gaditano, “esto es una de las consecuencias nefastas de los peajes del PSOE para ocupar el poder con socios como Podemos y con consecuencias tan negativas para la provincia siendo una bofetada en la cara de los gaditanos, pagando el precio más caro que vamos a recordar en la historia para el empleo, la economía y el futuro de la industria naval”.
Y EL PSOE LA TOMA CON PODEMOS
Y desde el PSOE, su diputado por la provincia en el Congreso, Salvador de la Encina, ha asegurado también en esta misma jornada que “el Gobierno trabaja al más alto nivel” para garantizar el curso del contrato de las corbetas y se reitera en la petición de calma y prudencia: “entendemos la inquietud de los trabajadores de la plantilla de San Fernando porque nos ponemos en su lugar, pero tienen que tener claro que el PSOE siempre será un aliado de los astilleros y trabaja para reflotar la actividad en Navantia abandonada estos siete años de Gobierno del PP”.
Al tiempo, afirma que “el plan de reindustrialización que fue iniciativa socialista (y de Podemos, aunque no lo dice) está muy avanzado” y que el PSOE “considera a los astilleros un sector estratégico por el volumen de trabajo que genera en la economía gaditana”.
Al hilo, De la Encina ha rechazado que, a su entender, “todos los dirigentes de Podemos hayan salido ahora en tromba a pronunciarse sobre el contrato por puro interés electoralista, cuando hemos visto durante meses un comportamiento muy dubitativo; no se aclaran y tienen una posición distinta en Madrid y Cádiz, sin reafirmarse de manera rotunda en la defensa de los puestos de trabajo que la actividad genera”.
Así, les ha pedido que “dejen de marear la perdiz y aclaren si defienden o no el contrato, porque eso es lo que espera la ciudadanía, no divagaciones sobre la moral y la política”, e incluso deja caer que “los astilleros no se cierran aunque el contrato de las corbetas pueda sufrir alguna modificación”.
PODEMOS RECLAMA UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL QUE “SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS”
Precisamente, desde Unidos Podemos, su diputada nacional por Cádiz, Noelia Vera, ha considerado que los trabajadores de la Bahía “no merecen más falsas promesas del PP y el PSOE, lo que merecen es carga de trabajo estable y respeto”. En este sentido, recuerda que estos partidos siguen sin cumplir el plan estratégico para los astilleros que se aprobó en la cámara baja.
Un plan “basado en la diversificación, que garantice el empleo y para que el sector naval se considere estratégico y para que además se respeten los derechos humanos”, ha añadido la política portuense.
Sin citar en ningún momento esta faena de las corbetas, Vera insiste en la defensa de la carga de trabajo y el “respeto” para la Bahía, así como la exigencia de que el Gobierno de Sánchez “escuche a la población civil y a Podemos para poner en marcha y desarrollar un plan que dote de trabajo estable a los astilleros”.
DÍAZ PIDE A SÁNCHEZ UNA SOLUCIÓN “CUANTO ANTES”
En esta jornada de declaraciones en cadena, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también se ha manifestado al respecto, reclamando que se mantengan los contratos de los barcos de guerra con Arabia Saudí, y garantizar así los empleos en la Bahía. Díaz ha manifestado que comparte y comprende la preocupación de los trabajadores de Navantia y ha pedido al Gobierno central, de su mismo partido, que “cuanto antes” encuentre una solución.
“Desde el momento en el que se tuvo en conocimiento la posibilidad de que ese contrato se podía rescindir nos pusimos en contacto con el Gobierno de España a todos los niveles”, asevera la presidenta.
EL CONTRATO, FIRMADO DESDE JULIO
Fue a mediados de julio cuando Navantia hacía oficial que el Gobierno de Arabia Saudí había rubricado este contrato (cinco corbetas basadas en el Avante 2200, como las que se construyeron años atrás para Venezuela), una operación que alcanza un importe de 1.800 millones de euros y que representa la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero.
Esta faena, que se ha estado negociando con el reino de Arabia Saudí desde 2015, supondrá una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar. Es, por lo tanto, “un contrato clave para garantizar la actividad de trabajo de Navantia”, principalmente para su planta de La Isla.
El programa, si todo sigue su curso, arrancaría a finales de 2018 y el último buque deberá entregarse en 2022. Además, la empresa española será responsable del apoyo al ciclo de vida durante cinco años, desde la entrega del primer barco de guerra, con opción a otros cinco años adicionales.
En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarán anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serán empleados directos, unos 1.800 de contratas y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores.
