El PSOE en la Diputación ha presentado una propuesta al pleno de febrero en la que plantea que la Corporación provincial sea informada del “supuesto acuerdo” alcanzado entre las Alcaldías de San Fernando, Chiclana y Puerto Real y el Consorcio Bahía de Cádiz para la no aplicación de una nueva tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos que entró en vigor el pasado 1 de enero. Se sospecha que haya un supuesto acuerdo para aplazar la recaudación de hasta 10 millones de euros a después de las elecciones municipales.
El PSOE en la Diputación de Cádiz ha presentado una propuesta al próximo pleno mensual en la que plantea que la Corporación provincial sea informada del “supuesto acuerdo” alcanzado entre las Alcaldías de San Fernando, Chiclana y Puerto Real y el Consorcio Bahía de Cádiz para la no aplicación de una nueva tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos que entró en vigor el pasado 1 de enero. Se trata de una tasa de carácter anual, que debe emitirse en un único recibo y que ha de aplicarse tanto sobre las viviendas como sobre empresas y establecimientos comerciales.
El diputado socialista y concejal chiclanero, José María Román, ha recordado que en virtud de lo publicado el pasado 26 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con fecha 1 de enero se creaba una nueva tasa para esos tres municipios, “en virtud de la cual los ciudadanos de esas localidades deberán hacer frente a la prestación de un servicio que se supone que ya iba incluido en el conjunto de otros conceptos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otras tasas de residuos locales”. Las estimaciones apuntan a que el importe global de recaudación previsto con esta nueva tasa rondará los 10 millones de euros.
“En los últimos días, estamos asistiendo a distintas manifestaciones públicas de los regidores de estas localidades, según las cuales se ha alcanzado un hipotético acuerdo con el Consorcio Bahía de Cádiz para no cobrar la referida tasa”, ha explicado. Sin embargo, Romñan considera que esas declaraciones pueden tener como objetivo “confundir a la opinión pública; porque la aplicación de unas tasas legalmente establecidas por la prestación de un determinado servicio no depende en absoluto de la decisión graciosa o voluntarista de un alcalde o una alcaldesa”.
“LA APLICACIÓN DE ESA TASA ES INEXCUSABLE”
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, desde el PSOE se señala que “como acto administrativo firme, la aplicación de esa tasa es inexcusable. De ahí que estas manifestaciones de los alcaldes están sin duda vinculadas a esta etapa preelectoral; y, en realidad, lo que esconden es que no va a aplicarse ni cobrarse antes de las elecciones municipales, pues el hecho imponible es cierto y no anulable, salvo que así sea decidido expresamente por el propio Consorcio”. Por este motivo, ha incidido en la necesidad de “aplicar luz y taquígrafos” frente a un “supuesto amaño electoralista que pretende ocultar ese pago obligatorio hasta que la ciudadanía haya pasado por las urnas el próximo mes de mayo”.
Esta actitud “encajaría perfectamente” con la manifestada en materia de fiscalidad por el alcalde de Chiclana, del PP, quien “se ha apresurado a anunciar una rebaja del IBI, pero ha escondido deliberadamente la creación de esta nueva tasa”. En el caso concreto de esa localidad, la estimación del volumen de ingresos derivados de esta tasa que deberá ser asumida por la ciudadanía asciende a 4 millones de euros, “precisamente la misma cantidad que los presupuestos municipales para 2015 reducen de la transferencia de fondos del Ayuntamiento a Chiclana Natural, la sociedad municipal encargada de la gestión de los residuos urbanos”.
Por todo ello, la propuesta del principal partido de la oposición también solicita que la Secretaría General y la Intervención de la Diputación informen de las eventuales consecuencias tanto para el Consorcio Bahía de Cádiz como para la propia Corporación provincial -como integrante del mismo-, del cobro o del no cobro de la citada tasa. Además, plantea que “se informe sobre la posible existencia de prevaricación administrativa o delito en el que se incurriría por los responsables administrativos y políticos ante la existencia de una tasa y la manifestación pública de no pasarla al cobro”
Finalmente, Román ha destacado que la iniciativa busca asimismo que el pleno conozca “claramente” si la tasa se encuentra en este momento en vigor y, por tanto, “si es devengable”. Y, en el caso de que no vaya a ser puesta al cobro, que se dé cuenta de “los informes técnicos oportunos para que la Diputación, como integrante del Consorcio Bahía de Cádiz, tenga conocimiento de cuáles son los inmediatos pasos administrativos”.
